Denuncias Ciudadanas: Transparencia Venezuela lanzó boletín de seguimiento a la Gran Misión Vivienda Venezuela

La ONG invita a los ciudadanos a no convertirse en cómplices de la impunidad y a denunciar las irregularidades y hechos de corrupción de los cuales hayan sido víctimas a través del correo denuncia@transparencia.org.ve.

La Organización No Gubernamental Transparencia Venezuela lanzó este miércoles el primero de una serie de boletines mensuales, que hace seguimiento a las informaciones publicadas por las autoridades sobre la entrega de viviendas, tomando como referencia principal la página web del Ministerio para la Vivienda y Hábitat.

La primera entrega, que contiene un análisis exhaustivo del primer trimestre de los años que lleva funcionando la GMVV (2011, 2012 y 2013), compara la información hallada sobre número de viviendas entregadas, ubicación, características, costos, responsables de las construcciones, entre otros. Allí se evidencian grandes vacíos de información, datos confusos y contradictorios, generando más dudas que respuestas.

Uno de los hallazgos del informe es que la propaganda del Estado hacer creer que todas las viviendas entregadas son nueva construcción, cuando en realidad existen diferentes modalidades contempladas en la GMVV: construcción, entrega de materiales, Sustitución de Rancho por Vivienda (SUVI), ampliación o remodelación. El gobierno no informa qué porcentaje de las 386.798 viviendas corresponde a cada una.

Otro punto que la organización considera como información engañosa es que el gobierno constantemente dice que los refugiados son la prioridad del programa social y aún se mantiene un número “indeterminado” de familias en refugios del país, así como hablar de viviendas dignas cuando en un porcentaje alto no se consideran los servicios, ni el urbanismo, ni seguridad y normas de convivencia.

Transparencia Venezuela rechaza el hecho de que el gobierno ofrezca nuevos proyectos como el relanzamiento de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y la creación de la Gran Misión Vivienda Obrera sin asignación de presupuesto, de unidad responsable, sin metas y sin objetivo definido.

La Asociación Civil que lucha contra la corrupción, sostiene que la información pública sobre la GMVV es engañosa y tergiversa la realidad maquillando los datos, lo que aumenta la situación de indefensión de los ciudadanos que pueden optar por el beneficio, y hace cada vez más difícil la labor de seguimiento a los procesos del programa social.

Para descargar el boletín puedes hacer click AQUÍ <http://transparencia.us5.list-manage1.com/track/click?u=0d9cbe65d39349c8679081442&id=1bbbd8135c&e=565208e2fa>

Transparencia Venezuela hizo seguimiento a la Gran Misión Vivienda Venezuela

Falta de control, incumplimiento de metas y una difusa estructura de gestión son debilidades de Misión Vivienda
En momentos en el que se debate la importancia del acceso a la información pública en el país, Transparencia Venezuela presentó un Informe denominado “Riesgos de Corrupción e Integridad: Gran Misión Vivienda Venezuela”, el cual muestra graves repercusiones que resultan de la falta de control a recursos tan numerosos como los asignados para la misión bandera del Gobierno venezolano.

El estudio contiene resultados muy lamentables del análisis de cumplimiento de objetivos y metas de efectividad y transparencia previstas en el marco legal y en las buenas prácticas anticorrupción de programas sociales. Señala también debilidades e inconsistencias que impiden que lleguen los beneficios a quien corresponde, y por ello persista la dolencia social que la Misión pretende superar.

Transparencia Venezuela evaluó ocho procesos: focalización, ingreso, gestión del programa, transferencia, salida, monitoreo y seguimiento, rendición de cuentas y reclamos, conteniendo cada uno información sobre: lo que dicen las buenas prácticas, la descripción de la situación en Venezuela, las fortalezas encontradas, las irregularidades (incumplimiento de normas, procedimientos, metas o promesas) y las debilidades (brecha entre los hechos y las buenas prácticas).

Entre los más graves riesgos de corrupción que planteó la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, se mencionó la gran dispersión del público beneficiario (3 millones de personas) lo cual dificulta la identificación de grupos con necesidades extremas a los cuales debe dárseles prioridad en estos programas. “Las buenas practicas dicen q los programas sociales deben tener muy claro a quien van dirigidos” aseguró De Freitas.

Recursos sin control

El estudio de Transparencia Venezuela, presentado este jueves 17 en la sede de la organización, logró identificar inconsistencias, falta de controles, de evaluaciones y de acceso a la información en la convocatoria al registro y en la verificación de quienes cumplen las condiciones para entrar al registro de beneficiarios. De la contratación de 13 mil 131 “brigadistas” se desconoce si hubo capacitación, normas o sistemas de control para que no se viera vulnerado o corrompido este proceso.

Por otra parte, manejar el presupuesto de una Misión a la que se le asignan recursos ($ 13.743 millones) equivalentes al presupuesto nacional de Guatemala ($ 7.509,12 millones) requiere de una estructura de gestión clara y firme; sobre la cual encontramos, en cambio, diversidad de cargos, atribuciones duplicadas y una difusa separación entre los niveles de dirección, de gestión, de operación y de evaluación y control.

Aún así, la Contraloría General de la República, en su memoria y cuenta del año 2011, no menciona ni una sola vez a la Misión Vivienda y para De Freitas es obvio ya que “sin acceso a la información sabemos que no se puede hacer contraloría social”.

El estudio presentó además debilidades como la inexistencia (o desconocimiento) de manuales de procedimientos, contratos de adjudicación y contratación de empresas nacionales e internacionales, criterios para la asignación de contratos y hasta exclusión del Registro, ya que según sostuvo De Freitas, “Sin condiciones la exclusión se presta para amenazar, extorsionar o manipular a los grupos más vulnerables”.

Todos contralores Para la realización de este estudio, Transparencia Venezuela redactó 147 peticiones de información, dirigidas a 14 organismos públicos. La directora de la ONG invitó a la ciudadanía  a convertirse en observadores críticos de los distintos programas sociales que surgen con recursos públicos y que deben ser usados de forma eficiente, efectiva, con miras a superar las debilidades de la población, y con el debido control de las instituciones y de todos los venezolanos.

Informe completo: http://goo.gl/H8sHB
Resumen Ejecutivo: http://goo.gl/y617s
Presentación: http://goo.gl/l4zpw
Link de la página con procesos separados: http://goo.gl/ZvZ3f

Henrique Capriles Radonski: Mi compromiso con las Misiones

Durante estos meses hemos podido contrastar nuestras propuestas de futuro con las de un gobierno que representa el pasado. Hoy la mayoría de los venezolanos saben que lo que este gobierno no pudo hacer en 14 años, no podrá hacerlo en 6 más.

Como gobernador logré, con el apoyo de todos, ayudar a las familias mirandinas a tener un futuro mejor. Lanzamos el Plan Hambre Cero, que garantiza la comida en la mesa de miles de personas, construimos las mejores escuelas en las zonas más pobres,  creamos una red de salud y atención de primera, entregamos materiales para mejoras de vivienda a más de 150 mil personas y desarrollamos el Plan Crédito Productivo para fomentar empleos con calidad.

Hace poco presentamos la Ley de Misiones para que éstas no dependan del gobierno de turno y lleguen a todos los venezolanos que la necesitan, sin diferencia de color politico. Mi compromiso es  crear nuevas misiones, mantener las que existen y mejorar las que no funcionan.

Para dar unos ejemplos: a los Mercales hay que mejorarlos y multiplicarlos, acabar con las colas de horas y ofrecer variedad de productos, sobre todo venezolanos. Barrio Adentro, hay muchos cerrados, hay que abrirlos y darle oportunidad a nuestros médicos para sean parte del programa. La Misión Vivienda se puede mejorar construyendo más pero sobre todo entregando las viviendas con sus títulos de propiedad de manera gratuita. Y quienes trabajan en las Misiones deben tener seguridad social.

Nuestro compromiso, además de fortalecer las Misiones actuales, es crear unas nuevas.

Hambre Cero, para que ningún venezolano se vaya a la cama sin comer.

En educación, que ningún niño quede por fuera del sistema escolar,  con becas, morrales, libros, uniformes, programa de alimentación, transporte escolar y lentes gratuitos.

Para los Adultos Mayores, que tengan además de su pensión, ticket alimentario y subsidio de sus medicinas.

Para las personas con alguna discapacidad, apoyo para su formación, inserción laboral, pensiones para la familia y acondicionamiento de espacios públicos y entidades educativas.

Mi compromiso es que todos los venezolanos estén seguros de que van a recibir la ayuda que necesitan para caminar tranquilos al futuro. Lo hice como alcalde, como gobernador y lo haré como presidente de todos los Venezolanos.

Vamos juntos, sin miedo, con confianza, porque un futuro mejor está cerca.

Que Dios Bendiga a nuestro pueblo.

Henrique Capriles Radonski

Las metas incumplidas en la gestión de vivienda

Tomó trece largos años al actual gobierno darse cuenta del problema de la vivienda. La gestión, que menos viviendas ha construido en la historia del país, tomó finalmente cartas en el asunto el año pasado.  En 2011 se creó la Gran Misión Vivienda Venezuela, con el objetivo de subsanar el déficit de 2 millones de viviendas en todo el país. Para ese año se estableció la meta de 153.404 nuevas viviendas. Sin embargo, el propio gobierno admitió que no había cumplido la meta. Se quedó corto, y aún sumando a las cifras oficiales las construidas por el sector privado, y las remodeladas por el poder popular, la cifra sólo se acerca a las 144 mil viviendas.
En muchos casos se entregaron soluciones habitacionales en “primera etapa”, término oficial que significa incompletas, y sin la totalidad de los servicios básicos. A esto hay que añadir concepciones dudosas e inventadas por el gobierno sobre la propiedad como “familiar” o “social”, que no son ni propiedad, ni social ni familiar. La Misión estrella del gobierno nacional fracasó en su año de estreno. ¿Qué queda para 2012, cuya meta es de 200.000 viviendas?
En materia presupuestaria, al MPPVH le fueron aprobados Bs. 29.696.793.970 y $2.663.965.544 para la construcción de 142.478 viviendas entre los años 2011, 2012 y 2013. De acuerdo con la Memoria y Cuenta del MPPVH, en 2011 se ejecutaron Bs. 11.024.493.421.  A esto hay que sumar los 53 mil millones de bolívares destinados a la GMVV para los años 2011-2013.  Esta enorme cantidad de recursos no se ve materializada en la construcción de viviendas. Por el contrario, lo que se evidencia son los constantes reclamos, en todo el territorio nacional, de las personas que permanecen en los refugios y albergues habilitados por el Ejecutivo nacional, en los que permanecen más de 100 mil damnificados.
La construcción de viviendas en el país se ha convertido en la promoción de empresas extranjeras en detrimento de las venezolanas. El gobierno ha preferido firmar acuerdos con “países amigos”, como China, Brasil, Bielorrusia, Portugal, Uruguay, Rusia, Irán, España y Turquía para la construcción de viviendas, muchos de los cuales le han quedado mal al país, y ya existen varias acusaciones de corrupción sobre algunos de ellos.
El MPPVH se enorgullece de la promulgación de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas. El resultado de esta ley no ha sido otro que acabar con el mercado de alquileres y sembrar pánico y desconfianza en la población. Se ha agravado el problema de la oferta de viviendas ya que los venezolanos, temerosos de un gobierno abusador, prefieren no alquilar a arriesgarse a ir a la cárcel, pagar altas multas y se objeto de confiscaciones.
La propia Memoria del MPPVH da cuenta de algunos “obstáculos” que enfrentó en 2011, y que en realidad son indicadores de un desastre sostenido como política gubernamental.  Entre ellos se destacan los de carácter técnico: la demora en el suministro de información por parte de las Direcciones estadales; la falta de capacitación técnica profesional del personal que coordina los proyectos; el déficit de apoyo tecnológico para el mantenimiento y actualización de los sistemas de software; la carencia de un Sistema de Información centralizado sobre sistemas constructivos, tareas realizadas y ejecución de desarrollos.
En lo relativo a Convenios Internacionales, el MPPVH admite dificultades con los terrenos seleccionados para la ejecución de algunos desarrollos, “por no tener la capacidad para albergar todas las viviendas previstas en el respectivo convenio” y, en otros casos, “los terrenos deben ser adecuados para iniciar los trabajos, sin estar este concepto previsto ni en el presupuesto ni en los cronogramas. Esta situación ha generado demoras en la continuidad de estas obras” (Memoria MPPVH 2001, p. 105).
Prosigue el MPPVH relatando retrasos “o simplemente la no entrega de suministro de materiales” y “dificultades para la elaboración de los títulos de tierra por falta de información catastral a nivel nacional” (ibíd.).  Del mismo modo, se presentó lentitud para la transferencia de terrenos públicos nacionales y escasa incorporación de gobernaciones y alcaldías.
Otras fallas señaladas fueron de naturaleza presupuestaria y se basaron, entre otros, en “asignación de recursos presupuestarios no ajustados a la realidad económica” (p. 106), así como “limitaciones por falta de asignación presupuestaria en la contratación del personal Técnico Profesional” (p. 106).  Destaca de manera especial la “falta de transferencia del recurso por Bs. 151.927.500.00 <tel:151.927.500.00> , que el IPASME debía efectuar para la reactivación de 38 obras, lo cual trajo como consecuencia retrasos en la cotización” (p. 107).
Es obvio el desorden e irresponsabilidad del gobierno actual en materia de política de vivienda. Metas incumplidas, promesas vacías, desastre administrativo, ataques a la propiedad, preferencias de empresas extranjeras sobre las nacionales. Todo un panorama insostenible que no llevará a los venezolanos a la solución de su problema habitacional.
La vivienda en el Gobierno de la Unidad Nacional
El Gobierno de Unidad Nacional pondrá en marcha una nueva Política de Desarrollo Urbano y Vivienda para superar los errores e inequidades en los que se ha incurrido en las últimas décadas, y particularmente en los últimos trece años.  Para ello se requiere un Marco General de Políticas Públicas que garanticen su viabilidad y sostenibilidad en el largo plazo.  Los principales componentes de esa política se detallan a continuación.
Un elemento clave es la reinstitucionalización del sector de desarrollo urbano y vivienda, bajo la rectoría del Ministerio para Vivienda y Hábitat, o el que se defina cuando se promulgue una nueva Ley Orgánica de la Administración Central y Descentralizada.  Se establecerá un sistema integral de planificación territorial y urbana que unifique los planes de uso del suelo y de transporte, concertada con todos los actores -públicos, privados y comunitarios- que a la par de garantizar procesos efectivos de participación restituya la plena competencia de las autoridades regionales, metropolitanas y municipales en materia de desarrollo territorial y urbano.
Las políticas de ordenación territorial partirán del reconocimiento de las ventajas implícitas en el actual sistema venezolano de ciudades, puesto que las ciudades son el verdadero factor dinámico de la nación, y es evidente que la difusión del dinamismo económico y social hacia las regiones periféricas estará vinculada directamente a la dinámica de las ciudades principales.  Esto, por supuesto, no significa renunciar a la incorporación de nuevas regiones, pero ello se hará sin los apremios impuestos por la dependencia de la renta petrolera, al compás que defina una economía sana y sustentable.
Erradicaremos la práctica de invasiones, incautaciones y apropiaciones compulsivas de empresas, terrenos y edificaciones al margen de las garantías constitucionales y de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, garantizando así el pleno derecho a la propiedad.  Del mismo modo, como exigencia básica de las sociedades contemporáneas, caracterizadas por la alta movilidad ocupacional y territorial de las personas y como alternativa para atender la demanda de las nuevas familias y ciudadanos que requieren alojamiento, reconoceremos la existencia de un mercado importante de viviendas en alquiler.  En la recuperación de ese mercado eliminaremos progresivamente todas las trabas regulatorias, discrecionales y de congelación que existen actualmente y revisaremos la Ley de Arrendamientos, ya que inhiben la inversión privada para el desarrollo de viviendas en alquiler y para alquilar viviendas existentes.  Además, generan situaciones conflictivas en los barrios, donde el alquiler de habitaciones y anexos es una práctica generalizada y una forma de creación de patrimonio familiar.
Promulgaremos una Ley de Suelos Urbanos que integre la legislación vigente sobre la materia, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de las ciudades bajo la premisa de ciudades compactas, con mezcla de usos e integración social, de manera de controlar y revertir la ineficiente y dispendiosa dispersión urbana.  Diseñaremos un sistema práctico y eficiente para la transferencia de derechos urbanos como instrumento para garantizar la conservación de patrimonio construido y ejecutaremos programas de renovación urbana que garanticen la adecuada dotación de servicios y equipamientos sin perjudicar a los propietarios ni gravar al sector público con onerosas expropiaciones.
Activaremos un programa de recuperación, ampliación y mantenimiento de edificaciones educacionales, médico-asistenciales y otras edificaciones públicas y de servicios, que contribuya a la generación de empleo en el corto plazo.  Igualmente para la rehabilitación de la red vial interurbana, prácticamente colapsada en todo el ámbito nacional.
Retomaremos las condiciones que permitan iniciar la reactivación y expansión, en función de las demandas esperadas, del sector de materiales, componentes y tecnologías de construcción.  Revertiremos las estatizaciones y expropiaciones de aquellas empresas cuya productividad se haya demostrado insostenible en manos del Estado.
Crearemos un mercado de valores hipotecarios sano y vigoroso, mediante el diseño y establecimiento del marco regulatorio pertinente, la seguridad jurídica, los incentivos y la estrategia económica adecuada, para obtener nuevos y mayores recursos del sector privado para el otorgamiento de créditos hipotecarios que garantice la estabilidad y sostenibilidad de un plan de desarrollo urbano y vivienda de largo plazo.
Este Marco General promueve una serie de Programas Prioritarios:
·  Programa Ciudad Barrio: centrado en la reducción de la vulnerabilidad, habilitación física y equipamiento de barrios, con el objetivo de garantizar su integración cultural, social, económica, ambiental y física a la ciudad.
·  Programa de construcción de macro parcelas y urbanizaciones, insertas en la trama urbana y equipada con todos los servicios públicos y comunales, para la construcción de viviendas de desarrollo progresivo.
·  Programa de micro-créditos y créditos de corto y mediano plazo, concertado con la banca pública y privada, dirigido a familias de bajos ingresos.
·  Programa nacional de asistencia técnico-social integral que abarque mejoramiento de las viviendas y entorno urbano, mitigación de riesgos, normas de convivencia, asistencia jurídica, sanitaria y seguridad, dirigido a los proyectos del programa Ciudad-Barril y de urbanizaciones de vivienda de desarrollo progresivo.
·  Programa de rescate, equipamiento y mantenimiento de los espacios públicos en las ciudades.  Incluye la preservación del patrimonio arquitectónico, cultural y ambiental, así como la rehabilitación de los centros históricos de las ciudades.
·  Fondo Nacional de Contingencia y Programa de construcción de albergues o refugios, destinados al alojamiento provisional de familias o personas víctimas de catástrofes y contingencias.
·  Programa para el rescate integral del Litoral Central, incluyendo la construcción de conjuntos habitacionales dirigidos a la población de ingresos bajos y medios.
·  Programa Integral, con horizonte a diez años, para la recuperación de las condiciones de accesibilidad, infraestructura, vialidad y modernización del transporte público urbano.
·  Programa de construcción de urbanizaciones con servicios y viviendas completas destinadas a los sectores de ingresos bajos y medios, para ser ejecutado por promotores privados.

La Situación de la Vivienda en Venezuela

El Estado venezolano, a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su Capítulo V, garantiza a los venezolanos el acceso a una vivienda digna.  El Artículo 82 de la CRBV establece la obligación compartida entre ciudadanos y Estado de procurar el derecho de los ciudadanos a “una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias”. Igualmente, el Artículo 156, numeral 23, obliga al Estado a cumplir progresivamente lo que establece la Carta Magna en materia de vivienda.

Venezuela tiene un déficit histórico que supera las 2 millones de viviendas.  En diciembre de 2010 el Presidente Hugo Chávez solicitó una Ley Habilitante a la Asamblea Nacional ante la situación de emergencia ocasionada por fuertes lluvias en todo el territorio nacional. En enero de 2011 se promulgó una Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda, como sustento legal de una nueva misión denominada “Gran Misión Vivienda Venezuela”. La premisa del gobierno en ese momento fue que “sólo en socialismo es posible una vivienda digna para todos”. Se estableció un Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, con el Presidente de la República a la cabeza y cuya estructura incluye a los ministros de Energía y Petróleo; Vivienda y Hábitat; Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias; Interior y Justicia; Defensa; Industrias Básicas y Minería; Comunas y Protección Social; Ambiente; y Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, así como a “otros funcionarios que designe el Presidente Hugo Chávez”.

Asimismo, el gobierno nacional estableció 5 vértices fundamentales para la Gran Misión Vivienda Venezuela, a saber: 1) Pueblo: Registro Nacional de Vivienda. 2) Terrenos. 3) Ejecutores. 4) Financiamiento. 5) Materiales de Construcción.

La meta de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) es la construcción progresiva de 2 millones de viviendas en los próximos siete años, de la siguiente manera:

Para el años 2011 la meta eran 153.404 viviendas; en 2012 se deben construir 200.000; en 2013 la meta es de 300.000 viviendas; para el año 2014 se prevé la construcción de 325.000; y para los años 2016 y 2017 se debe alcanzar la meta de 350.000 soluciones habitacionales en cada uno de esos años. Los años 2011 y 2012 constituían la Fase I de la Misión, mientras que el período 2013-2017, la Fase II.

 

Situación actual

La Gran Misión Vivienda Venezuela no la logrado satisfacer la demanda de los venezolanos. La meta de 153.000 viviendas no fue alcanzada por el gobierno nacional en 2011. El gobierno anunció la construcción de unas 140 mil, sumando a las soluciones habitacionales construidas las viviendas construidas por el sector privado y las reparadas por el Poder Popular, contándolas como nuevas.  Todo esto en medio de polémicas por la veracidad de las cifras y un silencio prolongado del BCV en la materia.  El desempeño de la GMVV en 2011 resultó atropellado, improvisado y terminado a la carrera.

La situación de los damnificados por las lluvias es grave. Aunque la Misión creada para solventar su problema anuncia más de 140.000 soluciones habitacionales, se estima que más de 100 mil venezolanos siguen alojados en refugios temporales. La situación de estos refugios es deplorable. Los ciudadanos están sometidos a hechos de violencia y a condiciones de vida indignas. Asimismo, la ocupación de distintos hoteles para el alojamiento de los damnificados ha llevado a la quiebra a venezolanos cuyo único sustento familiar se ve hoy impedido por la incapacidad del gobierno nacional.

La frustración popular ante el evidente fracaso de la GMVV se ha manifestado en cientos de protestas ciudadanas. La reacción del gobierno nacional ha pasado por impulsar las invasiones y así evadir su responsabilidad directa en el tema. Las fuerzas de orden público, entre ellas la Guardia Nacional Bolivariana, han asumido una actitud de “dejar hacer” que potencia las violaciones a la propiedad privada. Las invasiones son a todas luces arremetidas orquestadas desde el partido de gobierno y personeros oficiales.

La meta de la GMVV para este año 2012 es de 200.000 viviendas. Hasta la fecha el gobierno dice haber construido 24 mil viviendas. Continúan los problemas que aparecieron en el primer año de la Misión: falta de claridad en la información oficial, entrega de complejos habitacionales inconclusos o sin servicios básicos conexos e insatisfacción de las demandas sociales.

Cabe destacar que la situación del sector vivienda se ve agravada por otras iniciativas como la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, que ha significado, en la práctica, la virtual muerte del sector alquiler, reduciendo aun más las opciones que tienen los venezolanos para acceder a una vivienda digna y de calidad.

Viviendas prometidas y viviendas entregadas por Chávez

En descargables traemos un informe comparativo acerca de la Gran Misión Vivienda Venezuela del gobierno nacional, con respecto a las viviendas prometidas por el Presidente Chávez y las pocas viviendas entregadas al pueblo de Venezuela. Dicho informe es cortesía del diputado de la Unidad Democrática, por el estado Miranda, Julio Borges.

Para descargar el documento haz click en ViviendasPrometidasyEntregadas_2011