Alto comisionado pide liberar a Leopoldo López

Voluntad Popular exige acatar la resolución: “No hay autoridad superior en materia de derechos humanos”

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, manifestó su “gran preocupación sobre la continua detención del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, así como de más de 69 personas arrestadas durante las protestas públicas que tuvieron lugar durante varios meses en Venezuela, a partir de febrero de este año”.

“La prolongada y arbitraria detención de opositores políticos y manifestantes en Venezuela está causando cada vez más preocupación en el ámbito internacional. Esta situación solo exacerba la tensión en el país”, se agrega en la nota oficial difundida ayer.

Se recordó que la Oficina del Alto Comisionado ha recibido información sobre aproximadamente 3.300 personas, entre ellas menores de edad, detenidas entre febrero y junio, así como reportes de más de 150 casos de malos tratos y torturas.

“Exhorto a las autoridades venezolanas a actuar de acuerdo con las opiniones del Grupo de Trabajo –sobre la Detención Arbitraria– y a liberar inmediatamente a los señores López y Ceballos, y a todos aquellos detenidos por ejercer su legítimo derecho a expresarse y protestar pacíficamente”, dice al Hussein. También insta a las autoridades a asegurar que se garantice el debido proceso en todos los juicios, de conformidad con los estándares internacionales.

El alto comisionado se reunió el viernes en Ginebra con la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, para conocer la situación de todos los detenidos y sus familias. Al Hussein deploró las reiteradas denuncias de ataques e intimidación dirigidos a quienes trabajan en defensa de los derechos humanos en Venezuela y exhortó a que se les permita proseguir con su trabajo y hacerse oír sin temores por su seguridad.

“Mi oficina está extremadamente preocupada por la situación actual, y continuaremos siguiéndola de cerca”, añade.

Reacciones. Voluntad Popular exige cumplir la recomendación de Al Hussein: “No hay autoridad superior en materia de derechos humanos. Venezuela, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, votó por tres de los cinco miembros del Grupo de Detenciones Arbitrarias y por el alto comisionado”, señaló el dirigente Freddy Guevara.

Aseguró que las juezas Susana Barreiros y Yhosmar González, que llevan los juicios de López y Ceballos, respectivamente, saben que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son constitucionales y vinculantes.

Guevara lamentó que no haya despacho en los tribunales que llevan los casos, lo que considera un intento de no responder a la ONU.

La alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez, esposa de Ceballos, rechazó que al dirigente le prohibieran las visitas durante 15 días por mostrar un cartel en el que exigió cumplir la resolución de la ONU. “No tienen autorización de la Fiscalía o del Tribunal 15° de Juicio, que lleva el caso. Son castigos arbitrarios impuestos por el coronel Homero Miranda (director de Ramo Verde)”.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez destacó que a Ceballos se le está aplicando el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6. “Son normas inconstitucionales porque implican sanciones sin debido proceso y no se les pueden imponer a civiles”, dijo.

La continuación del juicio a Ceballos está fijada para hoy a las 11:00 am. La defensa exigirá una respuesta a la petición de la ONU.

Celeridad fuera, retardo dentro
En apenas tres días el alto comisionado respondió a la gestión realizada el viernes por la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, en favor del líder de oposición y de todos los venezolanos presos por protestar contra el gobierno.

La inusual celeridad revela la dimensión de la inquietud de la máxima instancia de promoción y defensa de los derechos humanos de Naciones Unidas sobre lo que sucede en Venezuela. La declaración de Zeid Ra’ad al Hussein, que asumió el cargo en septiembre pasado, también constituye un aliciente para los que buscan tutela jurídica en la ONU, luego de que el Estado venezolano denunció la Convención Americana de Derechos Humanos y, con ello, debilitó la protección a las víctimas en el sistema regional.

A la par, las juezas Susana Barreiros y Yhosmar González, que están a cargo de los casos de Leopoldo López y Daniel Ceballos, han optado por no dar despacho para postergar las respuestas a las exigencias de liberación inmediata de los dos líderes de oposición formuladas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

El Dato
“Human Rights Watch apoya la solicitud del alto comisionado de las Naciones Unidas para que se libere a manifestantes y políticos detenidos arbitrariamente en Venezuela. Ahora que Venezuela se prepara a asumir su puesto en el Consejo de Seguridad, no puede continuar ignorando las repetidas declaraciones de expertos de Naciones Unidas para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, señaló el director de la ONG, José Miguel Vivanco.

TSJ prohibió visitas a López, Ceballos y Scarano
El Tribunal Supremo de Justicia rechazó ayer ordenarle al Ministerio de la Defensa que le permita a terceros visitar al líder de la tolda naranja, Leopoldo López; así como a los destituidos alcaldes de San Diego y San Cristóbal, Enzo Scarano y Daniel Ceballos, en la cárcel militar de Ramo Verde,  donde se encuentran detenidos.

La decisión la adoptó la Sala Constitucional al responder un amparo que Cecilia Fernández y Oscar Hernández interpusieron en julio pasado contra la titular del despacho castrense, almirante Carmen Meléndez. Ambos ciudadanos trataron de ver a los opositores, pero no pudieron. (El Nacional)

Preparan ley que sancione de inmediato a funcionarios

El Nacional

 

Cuando la Asamblea Nacional aprueba un informe de responsabilidad política contra algún funcionario o ex funcionario, en el mismo acto exhorta a la Fiscalía y a la Contraloría a iniciar investigaciones penales y administrativas. Pero no hay ninguna sanción inmediata más allá de la condena moral.

La Comisión de Contraloría acordó iniciar la elaboración de un proyecto de ley de control político que cambie esa situación e impida que personas responsables de delitos contra el patrimonio se mantengan o aspiren a cargos, al menos hasta que se determine su inocencia o culpa.

El instrumento podría tener un doble filo si se aplica con criterios partidistas, ideológicos o revanchistas, porque serviría para perseguir o neutralizar políticamente a dirigentes incómodos a los intereses coyunturales de quien tenga la mayoría en el Poder Legislativo. Sin embargo, en primera instancia cuenta con el apoyo de oficialistas y opositores.

Más inmediatez. El presidente la instancia parlamentaria, Pedro Carreño (PSUV), designó al equipo parlamentario que se encargará de diseñar y presentar la propuesta, sustentada en el artículo 187 numeral 3 de la Constitución. El mismo señala como atribución de la AN “ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional, en los términos consagrados en la Constitución y la ley”.

“Esta ley tendría que desarrollar cómo opera el control político en el ámbito municipal, estatal y nacional. Es importante que contenga un ámbito punitivo, que establezca multas o algún mecanismo efectivo e inmediato de sanciones. Cuando se aprueba la censura parlamentaria a un ministro, la Constitución ordena su destitución automática, pero cuando se aprueba el informe de responsabilidad política, no tiene impacto inmediato. Pensaríamos entonces en ¿separación temporal del cargo?, ¿inhabilitación política? Eso hay que definirlo”, dijo Carreño.

Ley necesaria. El coordinador del equipo será Jesús Montilla (PSUV), y estará integrado por Rosa León (PSUV) y Carlos Ramos (UNT). León consideró necesario el instrumento para que no se repitan casos como el del actual alcalde de San Sebastián de los Reyes (Aragua), Carlos Miranda, que fue sancionado por la AN, un año más tarde se postuló al cargo y está en ejercicio.

La ley podría resolver también las dificultades que han enfrentado los diputados de la comisión, para obtener información de algunos organismos públicos o la lentitud de la respuesta. La meta es presentarla en para 2015.

Bancada opositora no cedió ante presiones del oficialismo

Alex Vásquez / Hernán Lugo-Galicia

 

La MUD exhortará a todos sus parlamentarios a no faltar a la segunda discusión el martes

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La bancada de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional celebró que el oficialismo no pudiera comprar la voluntad de ninguno de sus diputados para que apoyara la propuesta de ley habilitante durante su primera discusión el jueves pasado.

El diputado Oscar Ronderos (AD) lamentó que el gobierno tuviera que apoyarse en “la corrupción” para obtener el voto 99 que necesitaba. “Todos estuvimos firmes en nuestra posición, tuvieron que valerse de una maroma judicial para poder acceder al diputado 99 precariamente, con el allanamiento a la inmunidad a la diputada María Aranguren y la incorporación de su suplente, Carlos Flores”, señaló.

Carlos Ramos, parlamentario de UNT, dijo estar orgulloso de sus compañeros porque, a pesar de informaciones sobre posibles diputados 99, 100 o 101, ninguno apoyó los poderes especiales.

“Ese 52% de la población que nos apoyó en 2010 puede sentirse contento porque, aunque 10 diputados de la MUD fueron abordados por personas enviadas por el PSUV, ninguno sucumbió”, expresó.

A pesar de que ninguno en la MUD apoyó la habilitante, seis parlamentarios faltaron a la sesión. Ronderos confirmó que se están comunicando con todos para evitar que la situación se repita el martes, cuando se dé la segunda discusión del proyecto. El lunes se reunirá el G-7 de la MUD.
Opinó que es responsabilidad de uno no haber ido: “No había nada más importante que un diputado tuviera que hacer ayer más que atender la convocatoria en la Asamblea”.

Ramos confió en que todos estarán el martes: “La ausencia de los seis compañeros que no pudieron ir nada tiene que ver con su compromiso, estarán el próximo martes. Daremos a conocer nuestro punto de vista ese día, que los venezolanos conozcan el alcance negativo de esta ley habilitante”.

Recordó que con la habilitante de 2007 Hugo Chávez prometió controlar los costos de los productos, lo que no funcionó para frenar la inflación. Lamentó que Nicolás Maduro pretenda hacer lo mismo.

“Se profundizará la crisis. No se vislumbra que por esa vía, o por las recientes decisiones de Maduro, se supere la inflación anualizada en alimentos, que llega a 74, 6%”, explicó.
Ramos aclaró que la posición de la MUD frente a la habilitante será pública el martes o el miércoles.

Persecución. Ronderos reiteró la denuncia que hicieron los diputados el jueves en la sesión, de que Aranguren está siendo perseguida por el gobierno. La diputada era quien daría la rueda de prensa en la que habló Ronderos, pero debido a una situación “de carácter jurídico” no pudo declarar.

“Se presentó la situación de la intervención de una ferretería muy modesta que tiene su esposo en el interior de Monagas y la diputada señala estar siendo objeto de persecución por parte del gobierno. Exigimos que cese la persecución”, expresó.

Niegan acoso y proponen medidas radicales

“¡Con la habilitante no me para nadie!”, amenazó el jueves el presidente Nicolás Maduro en La Isabela, Valencia, Carabobo. El oficialismo negó que los poderes especiales sean usados para perseguir a la oposición o a comerciantes, aunque Patria para Todos indicó que si se comprueba que el diputado Miguel Cocchiola incurrió en delitos en la empresa Imeca, debería ser juzgado.

“Cocchiola tiene que responder si recibió divisas del Estado. Un dato curioso: el chavismo que gobierna entregó a la oposición las balas que usaron para la guerra económica, las divisas. Y en 2012 aumentó el porcentaje de dólares. Así que aquellos que tengan un negocio decente deben desmarcarse de los especuladores. ¿Será que los siete diputados de la oposición, principales y suplentes, que no asistieron al Parlamento el martes se desmarcan?”, interrogó el secretario general de PPT, Rafael Uzcátegui.

Aunque se desconocen las leyes a reformar y las que aprobarán vía habilitante, PPT y PCV proponen fijar “rigurosos controles a ganancias súbitas”, la repatriación con colaboración de la OEA de capitales obtenidos de manera fraudulenta, la expropiación de bienes, la publicación de las empresas que recibieron divisas y una averiguación a bancos que respaldaron a esos grupos. “La habilitante no es un cheque en blanco, El gobierno tiene la responsabilidad de regular todo. Si no actúa, no tendrían sentido esos poderes”, dijo Uzcátegui.  (Fuente: http://www.el-nacional.com)

El Guri trabaja a 60% de su capacidad

El Nacional

 

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La Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como represa del Guri, está diseñada para abastecer un consumo de 10.000 megavatios, pero por falta de mantenimiento opera a 60,95% de su capacidad instalada, equivalente a 6.095 MW, afirmó Alexander Arcía, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Eléctricos.

Desde hace dos años el mantenimiento de la central es inadecuado porque hay órdenes de no paralizar equipos dada la pequeña brecha entre oferta y demanda, dijo Arcía. “Eso ha causado que cada 700 horas se reporte una falla en el Guri, lo que implica detener maquinaria desde un par de horas hasta un mes”. Esto sigue ocurriendo a un día de culminar el Plan de los 100 Días del ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón.

En 2010 el Gobierno aprobó 1,4 millardos de dólares para repotenciar la maquinaria, sin embargo no se ha ejecutado ni una porción del monto. También se cancelaron 16 millones de bolívares a contratistas para efectuar las labores, pero no aparecieron. “Se compraron equipos submarinos porque se han desprendido bloques de concreto, y aún no hay reparaciones”, señaló el dirigente laboral.

Víctor Poleo, ex director del sector eléctrico del antiguo Ministerio de Energía y Minas, expuso que la represa opera por debajo de su capacidad porque hace tres años se sacrificó la transmisión a las empresas básicas de Guayana para liberar megavatios que se dirigirían al centro del país. No obstante, ha sido imposible porque las líneas están saturadas.

Las fallas se producen justo en el período en el que entra 60% del volumen de agua al Guri, de acuerdo con José Aguilar, experto energético. De hecho, en la página web de Corpoelec se informa que la cota está en 267,62 metros sobre el nivel del mar. “Si se direcciona hacia Guayana su nivel sería 5 metros inferior al actual y eso no sería óptimo”.

Además, Guri afronta una complicada situación de caja, dijo Pedro Pinto, ex director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, pues la mayoría de los repuestos son importados y últimamente el Gobierno no ha invertido, lo cual también incide en el mantenimiento.

 

Al borde

 

Caracas no tiene otro proveedor de energía, además de Tacoa, recordó Pinto, y las constantes precipitaciones han causado el colapso del sistema subterráneo de distribución eléctrica en la capital, instalado en la década de 1920.

Pinto explicó que al llover el agua se mezcla con desechos y se recarga el sistema subterráneo. “Este mecanismo es particular de la capital, pues el tendido eléctrico está en las regiones. Si no hay mantenimiento se inunda y eso representa una carga al sistema que no tiene un mantenimiento adecuado desde el año 2006”.

Poleo contrastó que más bien suman 13 años sin mantenimiento, porque desde que la extinta Electricidad de Caracas se vendió a AES Corporation, se dejó de hacer mantenimiento preventivo. “Los cables subterráneos tienen 50 años y ya necesitan reemplazo. Es sorprendente que las redes del casco no hayan colapsado”.

El Nacional: El caporal en el hemiciclo

Tulio Hernández

 

Un diputado o una diputada de oposición en Venezuela corre tantos o más riesgos que un poblador de un barrio de Caracas, infectado de bandas y delincuentes, que una noche por error llega fuera de hora a su casa. Lo saben bien los diputados del extinto Congreso Nacional, que en los primeros meses del gobierno rojo tenían que salir de las sesiones escoltados.

Lo sabe bien el diputado Marín, allá por el año 2000, a quien un fanático rojo le encajó una barra de hierro en pleno rostro y le fracturó la mandíbula.

Y, más recientemente, lo sabe Julio Borges, golpeado en plena sesión por un diputado rojo, bruto y camorrero que le fracturó los pómulos, y María Corina Machado, que en la misma sesión terminó igualmente golpeada, arrastrada por el piso y con fractura en la nariz.

Y ahora, luego de la sesión del 29 de julio, lo sabe muy bien Richard Mardo, diputado por el estado Aragua, a quien ­en una evidente y flagrante violación de las leyes de la República­ le fue despojada su inmunidad parlamentaria a través de una delictiva operación comandada por el teniente coronel Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, preparando el camino para encarcelarlo a través de un juicio que no ha empezado, pero ya sentenció: ¡culpable! Desde que comenzó su gestión en 1999, la Asamblea Nacional, con mayoría roja, ha sido una institución absolutamente distanciada de las funciones y los principios que las leyes le asignan al Poder Legislativo como corazón de la democracia y representación efectiva de la diversidad de opciones que actúan políticamente en un país. Fue convertida en un aparato sin autonomía condenado explícitamente a cumplir las órdenes y los deseos de Chacumbele, como premonitoriamente llamaba Teodoro Petkoff, al presidente que se fue.

La Asamblea Nacional abandonó abiertamente sus funciones de vigilancia del Poder Ejecutivo, y sólo en ocasiones extremas ­más como simulacro que como verdadero acto de control­, un ministro u otra alta autoridad gubernamental ha sido interpelada e investigada como se estila de forma cotidiana en las democracias. Y tan grande ha sido la perversión autoritaria que, en un acto de evidente mala conciencia, sus autoridades decidieron que a sus sesiones ordinarias sólo pueden acceder los periodistas y las cámaras de los medios gubernamentales.

Siempre ha sido un coto cerrado del gobierno rojo, pero con la llegada de Diosdado Cabello a su presidencia, la Asamblea ha sufrido un cambio. Si alguna señal de vida democrática quedaba en su seno, se ha ido perdiendo en una atmósfera de hostilidad, persecución y malandrería que recuerda más a una plantación bananera o algodonera de tiempos esclavistas que a un parlamento de una sociedad democrática del siglo XXI.

Eso es: la Asamblea Nacional es una hacienda bananera, y el teniente Cabello, entrenado en el arte de ordenar, su caporal. O su capataz. Y como todo caporal de plantación actúa de manera cruel, jactanciosa, cínica y despectiva. Cabello, con su mirada torva y sus gestos de patán, niega derechos de palabras a quienes no piensen como él, se burla abiertamente de los diputados opositores, lanza el micrófono a un lado como un escupitajo. Sólo le falta sacar el látigo y azotar a Mardo o intentar abusar de una diputada. Más que un educado y plural presidente de un parlamento democrático, parece un mal actor haciendo de malo de la película “Plantación adentro camará”.

El caporal en el hemiciclo

Tulio Hernández

 

Un diputado o una diputada de oposición en Venezuela corre tantos o más riesgos que un poblador de un barrio de Caracas, infectado de bandas y delincuentes, que una noche por error llega fuera de hora a su casa. Lo saben bien los diputados del extinto Congreso Nacional, que en los primeros meses del gobierno rojo tenían que salir de las sesiones escoltados.

Lo sabe bien el diputado Marín, allá por el año 2000, a quien un fanático rojo le encajó una barra de hierro en pleno rostro y le fracturó la mandíbula.

Y, más recientemente, lo sabe Julio Borges, golpeado en plena sesión por un diputado rojo, bruto y camorrero que le fracturó los pómulos, y María Corina Machado, que en la misma sesión terminó igualmente golpeada, arrastrada por el piso y con fractura en la nariz.

Y ahora, luego de la sesión del 29 de julio, lo sabe muy bien Richard Mardo, diputado por el estado Aragua, a quien ­en una evidente y flagrante violación de las leyes de la República­ le fue despojada su inmunidad parlamentaria a través de una delictiva operación comandada por el teniente coronel Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, preparando el camino para encarcelarlo a través de un juicio que no ha empezado, pero ya sentenció: ¡culpable! Desde que comenzó su gestión en 1999, la Asamblea Nacional, con mayoría roja, ha sido una institución absolutamente distanciada de las funciones y los principios que las leyes le asignan al Poder Legislativo como corazón de la democracia y representación efectiva de la diversidad de opciones que actúan políticamente en un país. Fue convertida en un aparato sin autonomía condenado explícitamente a cumplir las órdenes y los deseos de Chacumbele, como premonitoriamente llamaba Teodoro Petkoff, al presidente que se fue.

La Asamblea Nacional abandonó abiertamente sus funciones de vigilancia del Poder Ejecutivo, y sólo en ocasiones extremas ­más como simulacro que como verdadero acto de control­, un ministro u otra alta autoridad gubernamental ha sido interpelada e investigada como se estila de forma cotidiana en las democracias. Y tan grande ha sido la perversión autoritaria que, en un acto de evidente mala conciencia, sus autoridades decidieron que a sus sesiones ordinarias sólo pueden acceder los periodistas y las cámaras de los medios gubernamentales.

Siempre ha sido un coto cerrado del gobierno rojo, pero con la llegada de Diosdado Cabello a su presidencia, la Asamblea ha sufrido un cambio. Si alguna señal de vida democrática quedaba en su seno, se ha ido perdiendo en una atmósfera de hostilidad, persecución y malandrería que recuerda más a una plantación bananera o algodonera de tiempos esclavistas que a un parlamento de una sociedad democrática del siglo XXI.

Eso es: la Asamblea Nacional es una hacienda bananera, y el teniente Cabello, entrenado en el arte de ordenar, su caporal. O su capataz. Y como todo caporal de plantación actúa de manera cruel, jactanciosa, cínica y despectiva. Cabello, con su mirada torva y sus gestos de patán, niega derechos de palabras a quienes no piensen como él, se burla abiertamente de los diputados opositores, lanza el micrófono a un lado como un escupitajo. Sólo le falta sacar el látigo y azotar a Mardo o intentar abusar de una diputada. Más que un educado y plural presidente de un parlamento democrático, parece un mal actor haciendo de malo de la película “Plantación adentro camará”.

Proyecto de ley de infogobierno solapa derecho a acceder a la información pública

Maru Morales – El Nacional

 

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Diputado Pedro Carreño (PSUV), Pdte. Comisión de Contraloría AN (Foto: El Nacional)

En noviembre 2012 el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, declaró que una comisión mixta se encargaría de fusionar en un solo texto la propuesta de ley de infogobierno que manejaba el PSUV y la de acceso a la información pública, impulsada por la oposición.

Ocho meses más tarde, el proyecto de ley de infogobierno colgado en la página web de la Asamblea Nacional no sólo dista de ser una fusión, sino que dejó en la sombra todo lo relativo al derecho ciudadano de acceder a la información pública, dando preeminencia absoluta al uso, desarrollo y protección de la tecnología de la información por parte del Estado.

Aún cuando entre en los objetivos de la ley se incluye el de garantizar el derecho de la ciudadanía a la información, a lo largo de la norma la realidad es otra: sólo uno de los 8 títulos se refiere al asunto y apenas 10 de los 68 artículos tocan el tema. No se establecen mecanismos para solicitar información pública ni lapsos de respuesta, ni sanciones para los funcionarios que nieguen ilegítimamente ese derecho ciudadano.

 

Cero participación

 

Otro aspecto relevante al comparar ambos proyectos es la subordinación de la ciudadanía al Estado contenida en la propuesta de ley de infogobierno.

Por ejemplo, la norma crea el Comité Nacional para el uso de Tecnologías de Información en el Poder Público que depende administrativamente del vicepresidente. Su objetivo es fomentar el aprovechamiento de la tecnología en el Poder Público y está integrado por el vicepresidente; los ministros de planificación y ciencia; el procurador de la República, y los presidentes de la Asamblea Nacional, el TSJ, el CNE, el CMR y el BCV. Cero participación ciudadana.

Mientras, el proyecto de ley de acceso proponía una Comisión para la Información con autonomía jurídica, de presupuesto y decisión, obligada a entregar informes periódicos al Poder Legislativo e integrada por cinco personas postuladas por el Parlamento, desvinculadas del Gobierno y aprobadas por el Presidente.

Aun así, el diputado Carlos Ramos, de UNT, dio la bienvenida al proyecto y se refirió a los retos para el debate: “Incorporar a la ciudadanía como contralora de la gestión pública; que los fondos del Estado entren en el ámbito de aplicación de la ley; que los gobernadores y alcaldes sean representados en el Comité Nacional de TI; que la ejecución de los programas sociales se cargue a las páginas web en tiempo real, y que se especifiquen los lapsos de respuesta y publicación de la información, entre otros elementos”.

 

Herramienta

 

 

Diputado Carlos Ramos (UNT), miembro de la Comisión de Contraloría AN e impulsor de la Ley de Acceso a la Información Pública (Foto:Archivo)
Diputado Carlos Ramos (UNT), miembro de la Comisión de Contraloría AN e impulsor de la Ley de Acceso a la Información Pública (Foto:Archivo)

Al revisar el proyecto de infogobierno aprobado por la Comisión de Ciencias esta semana es clara la preeminencia de los aspectos técnicos y el solapamiento del derecho ciudadano a acceder a la información pública, que era el eje de la propuesta de ley de acceso, impulsada  por la oposición.

El diputado Carlos Ramos (UNT) dijo que el PSUV rechazó esta iniciativa. “No se constituyó la comisión mixta. El producto es una ley de infogobierno centrada en la tecnología como herramienta, sin ningún énfasis en derecho a la información pública”, dijo.

Los objetivos del proyecto de ley de infogobierno son fijar lineamientos para el uso de tecnologías de la información, fomentar la transparencia del manejo de datos por el sector público y aupar plena soberanía tecnológica, entre otros.

En cambio, la iniciativa de ley de acceso buscaba facilitar el control de la gestión pública y garantizaba la protección de la información personal en manos del Estado, entre otros.