Acerca del Censo Agropecuario Nacional

CENSO AGROPECUARIO NACIONAL: Resultados definitivos

Radiografía de un modelo social y productivo

William Yohai

2 de setiembre de 2014

Por acuerdos internacionales a los que Uruguay adhiere, los censos agropecuarios deberían llevarse a cabo los años terminados en 0, en la práctica, cada 10 años.

Pero no, el gobierno frenteamplista, por “dificultades de índole administrativa” fue incapaz de cumplir con lo estipulado; según la misma DIEA afirma:

La obligatoriedad legal de efectuar los censos agropecuarios data del año 1913, se-

gún lo dispone el segundo artículo de la ley N o 4.294 de fecha 7 de enero de ese

año. Posteriormente, el decreto N o 228/978, del 26 de abril de 1978, establece que

los Censos Generales Agropecuarios se realizarán “en los años terminados en cero y

coincidiendo con el Censo Mundial de la FAO, serán de cobertura total, entendiéndose

por tal que todos los establecimientos agropecuarios del país de una hectárea y más

de superficie serán censados”.

En esta oportunidad, a raíz de dificultades de índole administrativa, resultó imposible

formalizar la contratación de personal de campo en tiempo y forma para levantar el

censo en 2010. Esto llevó a la necesidad de solicitar la autorización para postergar

el operativo para 2011, autorización que se formalizó en el Artículo 368 de la Ley No

18.719, aprobada por la Asamblea General el 27 de diciembre de 2010.”

La notable incapacidad demostrada por los gobiernos FA no termina aquí: recién el mes pasado se publicaron los resultados definitivos del censo. El documento tiene 146 páginas. Calculando a 200 días hábiles por año la “productividad” del equipo encargado de elaborar los datos y escribir el trabajo alcanza a 0,25 páginas por día. Sin duda merece algún premio especial, no sólo a nivel nacional sino, también, probablemente, mundial.

Pero estas consideraciones son de índole secundaria. Lo esencial es lo que surge ya desde una lectura primaria y fragmentaria del asunto.

Nos centramos en tres aspectos:

a) la concentración de la propiedad de la tierra

b) la reducción de la población rural, pero sobre todo, de la cantidad de población empleada en las tareas agrícolas y pecuarias.

c) tratamos de explicar algunos de los datos que demuestra el censo combinado con los provenientes de las cuentas nacionales que publica el BCU relativas al sector.

La información acerca de la evolución del número de explotaciones es conocida ya que fue publicada hace aproximadamente dos años en los resultados preliminares del censo. A simple modo de recordatorio reproducimos en el cuadro 1 la evolución del dato: desde 1980 la contra reforma agraria vigente ha concentrado propiedad y producción. Se notan dos saltos: uno de aproximadamente 20% entre 1980 y 1990 y otro mayor aún de casi 22% entre 2000 y 2011. A modo de hipótesis de trabajo nos animaríamos a plantear que la primera gran caída en el número de explotaciones (80-90) responde a la crisis del sector agropecuario producida a partir de la ruptura de la “tablita” cambiaria (noviembre de 1982) que fuera precedida por un aumento del endeudamiento del sector culminando la caída tendencial de precios de los principales productos (carne vacuna y lana) a partir de mediados del siglo XX.

La segunda fase drástica de concentración (reducción en 12.350 o un 25% en el número de explotaciones) está, probablemente unida a un factor similar a la anterior. A fines de la década de los 90, después de un breve período de auge de precios que genera un estímulo para aumentar la producción (efectivamente entre 1990 y 1996 el pbi agropecuario crece significativamente) y el endeudamiento, se dan dos factores cuya sumatoria lleva a una nueva gran crisis: al mencionado aumento del endeudamiento se suma que los precios caen bruscamente entre 1999 y 2002. La epidemia de fiebre aftosa que (gracias también a la absurda reacción del gobierno Jorge Batlle) asuela el principal renglón de la producción del sector; la carne vacuna, sirve como agravante decisivo de la crisis.

Pero, a principios de los 90 hay otro fenómeno menos tratado por los especialistas: se deroga el

IMAGRO (impuesto a la actividad agropecuaria), sucesor del IMPROME (impuesto a la producción mínima exigible) ambos tributos que castigaban la concentración de la propiedad de la tierra. Si bien, tal cual nos informa el cuadro entre 1990 y 2000 la cantidad de explotaciones aumenta levemente (y aquí habría que analizar detalladamente las metodologías empleadas para precisar los alcances de esta variación) entendemos que se crean las condiciones para la brutal concentración que se hará manifiesta entre 2000 y 2011.

CUADRO 1 (cantidad de explotaciones)

1980

1990

2000

2011

68,362

54,816

57,131

44,781

A partir de los datos del censo se pueden realizar algunos cálculos que hacen aún más evidente la concentración de riqueza en pocas manos que plaga nuestro campo.

las 4.167 explotaciones mayores a 1.000 hectáreas suman algo más de 10 millones de aquellas. Acumulan de esta forma algo más del 61% del territorio agrícola y pecuario del país. Si tomamos, en cambio, las explotaciones mayores de 500 hectáreas constatamos que algo más de 8.000 de ellas concentran casi el 78% del territorio productivo; o sea, más de 12 millones de hectáreas. Ha sido ampliamente divulgado que las dos multinacionales propietarias de sendas plantas de celulosa (UPM y Montes del Plata) son propietarias de aproximadamente medio millón de hectáreas.

Para tener una idea de las magnitudes involucradas recordemos que el departamento de Montevideo, incluyendo su extensa área rural, ocupa algo más de 50.000 hectáreas.

Otro aspecto interesante que surge al estudiar los resultados del censo refiere a la evolución de la población rural y el número de trabajadores empleados en la producción.

CUADRO 2

1980

1990

2000

2011

Var. 00-11

pob. Trabajadora

159.446

140.430

157.009

115.371

-26.5

pob. agricola

264.216

213.367

189.838

106.961

-43.7

hect. Por trab. Perm.

101

113

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