Nueva Ley de Ordenación del Territorio es inconstitucional y acaba con la descentralización

Explicó el diputado AN Carlos Ramos en foro llevado a cabo en Apula

 

Por iniciativa del presidente de Apula Luis Loaiza se abrieron espacios para la discusión de la nueva ley de ordenación territorial en la sede del gremio. (Foto: Omer Molina)
Por iniciativa del presidente de Apula Luis Loaiza se abrieron espacios para la discusión de la nueva ley de ordenación territorial en la sede del gremio. (Foto: Omer Molina)

 

Omer Molina

 

El diputado a la Asamblea Nacional Carlos Ramos expresó durante el foro “Implicaciones políticas de la Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio” realizado ayer viernes en la sede de la Apula, que dicha propuesta del Gobierno nacional ya rechazada por la mayoría de los venezolanos en el referéndum de la reforma constitucional del año 2007; “es inconstitucional y acaba con el proceso de descentralización logrado por la democracia hace más de 25 años”, añadió el parlamentario.

Ramos indicó que dicho proyecto de ley que actualmente se discute y aprueba en su mayoría de artículos en el hemiciclo del Poder Legislativo, ya ha sido discutido por expertos profesores de las facultades de Arquitectura y Ciencias Forestales ULA, así como por funcionarios de la alcaldía  y concejales del municipio Libertador y miembros de la sociedad civil quienes “manifestaron suma preocupación por la arremetida que viene desarrollando el Gobierno nacional para acabar y pulverizar el proceso de descentralización que en Venezuela se viene poniendo en práctica desde el año 1989 con las elecciones de gobernadores y alcaldes y desde el año 1992 con la ampliación hacia el área administrativa con la creación del Fides y de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, el cual aún se debe extender hacia las parroquias y cada una de las comunidades”, destacó.

En este sentido el legislador nacional expuso que la descentralización del país muere con dicha ley de geometría del poder al instalarse una “figura” en el Palacio de Miraflores desde donde se aplicaría todo el proceso de ordenación del territorio nacional, el cual, “tal como ellos (gobierno) lo están planteando, es inconstitucional porque fue derrotado en la reforma constitucional ya que violaba el artículo 115 sobre el derecho a la propiedad privada”, reiteró.

Nueva ley aniquilaría a las alcaldías

Con la nueva ley de geometría del poder, según Ramos, se acaba con la actual ley de ordenación política territorial al imponerse los distritos motores de desarrollo y de las comunas. “Si esta ley entra en vigencia, el municipio tendría que adecuarse a las leyes de la comuna, pero resulta que las comunas son inconstitucionales y vulnerarían los principios de pluralidad, del Estado federal descentralizado, de la organización por municipios, de la figura del alcalde, la cual prácticamente desaparece y escasas atribuciones que le quedarían al consejo municipal”.

También dijo más adelante Ramos, dicha ley burocratizaría todos los procedimientos y solicitudes para un uso conforme a la población, “porque tendrían que solicitárselo al poder comunal, en este caso, las comunas, a la gobernación o hasta a la presidencia de la república bajo un pensamiento único ideológico como lo es el socialismo, violando a su vez, el derecho al sufragio”.

“Esta ley le da atribuciones extraordinarias al Presidente de la república para modificar a su libre albedrío el ordenamiento territorial y esto también por supuesto, es inconstitucional ya que la geometría del poder territorial actualmente sólo puede ser modificada por vía de una asamblea nacional constituyente”.

 

Carlos Ramos: “El Gobierno no puede seguir violando la Constitución, ni atropellando a las instituciones ni al derecho al sufragio”. (Foto: Omer Molina)
Carlos Ramos: “El Gobierno no puede seguir violando la Constitución, ni atropellando a las instituciones ni al derecho al sufragio”. (Foto: Omer Molina)

 

Ya van 49 artículos aprobados

Al cierre Ramos comentó que actualmente la Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio tiene 49 artículos aprobados en segunda discusión, pero “no podemos aceptar que esta ley se ponga en práctica porque es contraria a la Constitución y viola el derecho a la descentralización de las provincias venezolanas, proceso que ha demostrado a nivel mundial que contribuye a mejorar la calidad de vida del pueblo ya que los servicios públicos se prestan de forma más eficaz y eficiente logrando el bienestar general de la población y el desarrollo integral de las regiones y estados”, concluyó. (CNP: 18.195).

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