Corrupción y envenenamiento de aguas de uso público

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL MÉRIDA DEL ESTADO MÉRIDA
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL Y ESTADAL EN FUNCIONES DE CONTROL
Mérida, 28 de Marzo de 2014
202º y 153º
ASUNTO PRINCIPAL      : LP01-P-2014-002299
ASUNTO                            : LP01-P-2014-002299
AUTO FUNDAMENTANDO PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS CON OCASIÓN DE LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN DE IMPUTADO BAJO LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS MENOS GRAVES.
Por cuanto este Juzgado de Control, en fecha 27-03-2014, luego de abrir la respectiva audiencia de presentación con ocasión de la aprehensión del imputado de autos –vía telefónica-, procedió a la aplicación del procedimiento especial para el Juzgamiento de delitos menos graves, otorgando continuidad al presente proceso seguido al ciudadano KERWIN ANDREW TOLOSA SÁNCHEZ, Venezolano, mayor de edad, nacido en fecha 28-10-1988, de 25 años de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-18.881.955, domiciliado en El Vallecito, sector medio, exactamente en la Asociación Cooperativa Brisas del Vallecito, única casa, Mérida, Estado Mérida; compartiendo este Tribunal la calificación jurídica provisional dada a los hechos como: CORRUPCIÓN Y ENVENENAMIENTO DE AGUAS DE USO PÚBLICO”, “VERTIDO DE MATERIALES DEGRADANTES EN CUERPOS DE AGUA” y “MANEJO INDEBIDO DE SUSTANCIAS O MATERIALES PEIGROSOS”, previstos y sancionados en los Artículos 83, 84 y 102 Ordinal 2 de la Ley Penal del Ambiente, respectivamente, en perjuicio de La Colectividad; en la causa o Investigación Penal Nro. MP-130668-2014, de la nomenclatura correspondiente a esa Representación Fiscal; y siendo que conforme a la exposición fáctica de la vindicta pública se impuso de dicha orden de aprehensión conforme a las previsiones del último aparte del artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal; destacando lo siguiente:
PRIMERO: La aprehensión del imputado de autos se concretó en fecha                        26-03-2014, aproximadamente a las 10:55 de la noche, específicamente en las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, sub delegación Mérida, ello en razón de la solicitud que hiciera el representante de la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público a los fines de la autorización efectuada por este Despacho Judicial para proceder con dicha detención por vía expedita o excepcional conforme a las previsiones de último aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal (vía telefónica).
Conforme a la anterior, al ciudadano KERWIN ANDREW TOLOSA SÁNCHEZ, se le atribuye la presunta comisión de los hechos acontecidos en fecha 23-03-2014, aproximadamente a las 08:35 de la noche, cuando el personal de guardia de la empresa Hidrológica Aguas de Mérida detectó en el canal de entrada de la Planta “Dr. Enrique Burgoin”, ubicada en el sector El Vallecito, Mérida, Estado Mérida, la presencia de un líquido contaminante, presuntamente del hidrocarburo denominado Gas – Oil, por las características de iridiscencia y fuerte olor característico; por tales razones, la planta fue paralizada para ejecutar las medidas necesarias de limpieza para normalizar el servicio de agua potable por un lapso de dos horas, siendo que luego de ello, el servicio de agua fue establecido de forma normal aproximadamente a las 10:10 horas de la noche del mismo día.
SEGUNDO: El día 27-03-2014, fecha pautada para la celebración de la audiencia de presentación, este Tribunal procedió a aperturar la misma, concediéndole a las partes los derechos de palabra correspondientes, comenzando por la Representación Fiscal y luego a la defensa, quien manifestó que su defendido no quería acogerse a ninguna de las medidas alternas de prosecución del proceso.
TERCERO: Ahora bien, del contenido de la exposición presentada por la representación del Ministerio Público, se pudo apreciar que los hechos efectivamente encuadran en los delitos de: CORRUPCIÓN Y ENVENENAMIENTO DE AGUAS DE USO PÚBLICO”, “VERTIDO DE MATERIALES DEGRADANTES EN CUERPOS DE AGUA” y “MANEJO INDEBIDO DE SUSTANCIAS O MATERIALES PEIGROSOS”, previstos y sancionados en los Artículos 83, 84 y 102 Ordinal 2 de la Ley Penal del Ambiente; siendo que de dicha imputación formulada por la Vindicta Pública se desprende la presunta perpetración de delitos propios de materia ambiental, y visto que ninguno de tales tipos penales presenta pena que excedan de los ocho (8) años en su límite máximo, lo que se subsume en la categoría de delitos menos graves conforme a las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal vigente; configurándose razones suficientes para declarar con lugar la solicitud Fiscal y por ende se acuerda la prosecución del presente proceso por la vía del procedimiento especial para el Juzgamiento de delitos menos graves, establecido en los artículos 354 y siguientes de la norma adjetiva penal. Y así se decide.-
Supuestos concurrentes para la imposición de medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial preventiva de libertad:
1.- La imputación Fiscal consiste en la presunta comisión de delitos de materia ambiental, siendo que ninguno de ellos tiene prevista pena superior a los ocho (8) años en su límite máximo, considerados como delitos menos graves por las propias disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, lo que sin duda presenta la concreta aplicación de medidas alternativas a la prosecución del proceso como fórmulas anticipadas de conclusión del mismo.
2.- Desde la óptica probatoria, si bien se observan en las actuaciones que componen la presente causa penal diversos dictámenes practicados por expertos que acreditan la materialización del cuerpo del delito, es decir, la contaminación del agua, la perforación de los tubos, y la presencia de hidrocarburos (Gas-Oil) en el hallazgo relacionado con el tonel ubicado cerca del lugar del hecho; no es menos cierto, que la representación del Ministerio Público no ha logrado incluir algún elemento conviccional que vincule en forma seria y contundente al encartado de autos con la comisión de tales hechos punibles, en tal razón, no existe en autos el más mínimo indicio –por decir lo menos– que ubique al imputado en el sitio del hecho para los días previos o posteriores de la perpetración, mucho menos algún señalamiento por débil que sea que individualice la acción desplegada por éste, y lo mas delicado, no se deja constancia en los pocos folios que componen la causa penal de la identificación si quiera aproximada de las personas que los funcionaros señalan como “moradores de la citada invasión” y que según éstos afirmaron que el tonel incautado cerda del lugar del hecho era propiedad del imputado de autos; cuando luce obvio que sobre dicho objeto no puede establecerse un derecho de propiedad como tal que no sea el derivado del uso que pueda dársele, siendo que en relación con esto último, el propio investigado manifestó que era propiedad de la Cooperativa “Brisas del Lago”, -del cual es miembro- que ejecuta labores de siembra en las misma tierras que les fueran asignadas por el INTI y sobre las cuales se extiende la instalación de agua perforada (versión que en definitiva debe someterse a la investigación).
Estima quien decide, que las circunstancias esgrimidas con anterioridad constituyen argumentos serios para estimar que no concurren los requisitos exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal, ante la inexistencia de pluralidad de elementos de convicción (Art.236.2), así como la ausencia de la presunción de peligro de fuga en razón de la pena prevista por los tipos penales imputados por el Ministerio Público. Y así se decide.-
En tal sentido, este Juzgador procede a la imposición de medidas menos gravosas a la privación judicial preventiva de libertad que permitan el sometimiento del imputado al proceso penal que se le sigue, de la manera siguiente:
1.- Presentación de dos (2) fiadores que cumplan con los requisitos exigidos por el Legislador en el Código Orgánico Procesal Penal. (Art.242.8 COPP).
2.- Presentaciones periódicas cada ocho (8) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal. (Art.242.3 COPP)
3.- Prohibición de salir del Estado Mérida sin la autorización del Tribunal. (Art.242.4).
4.- Prohibición de ejecutar cualquier tipo de actividad en la cual se vea comprometida la instalación física del tubo matriz que va desde el dique hasta la planta, así como cualquier instalación perteneciente a la planta hidrológica de Aguas de Mérida. (Art.242.9 COPP).
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control Nro. 05, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: Se impone al ciudadano KERWIN ANDREW TOLOSA SÁNCHEZ, de la orden de aprehensión autorizada por este Tribunal en fecha 26-03-2014 (10:55pm), ratificada en el lapso de las doce (12) horas, tal y como lo refiere el último aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO: Se califica provisionalmente los delito de CORRUPCIÓN Y ENVENENAMIENTO DE AGUAS DE USO PÚBLICO”, “VERTIDO DE MATERIALES DEGRADANTES EN CUERPOS DE AGUA” y “MANEJO INDEBIDO DE SUSTANCIAS O MATERIALES PEIGROSOS”, previstos y sancionados en los Artículos 83, 84 y 102 Ordinal 2 de la Ley Penal del Ambiente.
TERCERO: Se decretan medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial preventiva de libertad, consistente en Presentación de dos (2) fiadores que cumplan con los requisitos exigidos por el Legislador en el Código Orgánico Procesal Penal. (Art.242.8 COPP); Presentaciones periódicas cada ocho (8) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal. (Art.242.3 COPP); Prohibición de salir del Estado Mérida sin la autorización del Tribunal. (Art.242.4) y la prohibición de ejecutar cualquier tipo de actividad en la cual se vea comprometida la instalación física del tubo matriz que va desde el dique hasta la planta, así como cualquier instalación perteneciente a la planta hidrológica de Aguas de Mérida. (Art.242.9 COPP).
CUARTO: Se decreta la aplicación del Procedimiento especial para el Juzgamiento de Delitos Menos Graves, por ende, se ordena la remisión de la presente causa a la Fiscalía del Ministerio Público a los fines de emitir el correspondiente acto conclusivo, de conformidad con las previsiones del artículo 363 del Código Orgánico Procesal Penal. Se deja constancia que las partes quedaron debidamente notificadas de la presente decisión en sala de audiencias..
El Juez de Control nro. 05
 Abog. ANTONIO ARQUIMEDES ESSER ALVARADO
La Secretaria

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