Construir la convergencia en las luchas por la democracia

Ysrrael Camero

 

En el debate político actual parece existir una tensión entre quienes dan primacía a la profundización de la lucha social y quienes colocan el énfasis en temas específicamente políticos. Ese es un debate muy antiguo, prácticamente hunde sus raíces en el siglo XIX, pero no debe llegar confundirnos respecto a la Venezuela actual.

Mostrar hoy estas estrategias y espacios de confrontación cívica en términos dicotómicos es un error, el reto de quienes nos encontramos en la lucha para que Venezuela transite hacia un régimen democrático es construir un vínculo orgánico entre la protesta social y el cambio político.

La crisis es económica y social…

Efectivamente la crisis tiene una expresión económica con alto impacto social. La destrucción de las fuerzas productivas de nuestra sociedad, las recurrentes fallas en la infraestructura de servicios públicos y privados, la falta de mercancías básicas en nuestros sistemas de distribución, la paradoja de tener hoy una marcada dependencia de las importaciones con un progresivo aislamiento de nuestras redes económicas del mercado mundial, la monopolización que un Estado ineficiente ha venido construyendo de nuestra vida económica y social, han creado un escenario idóneo, las condiciones objetivas podríamos decir, para una protesta social generalizada.

Con una inflación que se acerca rápidamente al sesenta por ciento, una devaluación de la moneda que ha pulverizado su valor frente a otras divisas, con una tasa de escasez de los productos básicos que solo se ha visto en economías de guerra o en el peor momento de rupturas revolucionarias catastróficas, es evidente la expresión económica de la crisis actual.

La mayor parte de la población apenas tiene acceso a un salario mínimo que se desvanece ante el alza de los precios y que se encuentra impotente frente al desabastecimiento. Los pocos productos que se consiguen se encuentran a precios exorbitantes, y los alimentos a precios regulados no se encuentran en los anaqueles.

A lo largo de estos quince años las fuerzas productivas venezolanas han sido desarticuladas. Dicha destrucción de la producción no ha sido fruto de simples errores en políticas económicas concretas –que también han sido innumerables–, sino que parece tener su origen en un error en el diseño central del modelo político.

El chavismo ha decidido hacer del Estado el propietario de los medios de producción en Venezuela, y lo ha hecho demoliendo progresivamente la capacidad económica autónoma del sector privado. Pero el crecimiento de la presencia del Estado en la actividad económica no ha venido seguida de una sustitución de la producción privada por una cantidad similar de productos estatales, sino por un escenario de escasez y desabastecimiento.

Este proceso sistemático ha afectado a los tres sectores de la economía, al primario, productores de materia prima, agropecuario, minero, etc.; al secundario, dedicado al proceso de transformación, la manufactura, la industria; hasta alcanzar al sector de comercio y servicios, el terciario.

La persecución contra los productores del campo, la política de expropiación de fincas y de unidades de producción agropecuaria privadas, la nacionalización de silos, la sustitución de haciendas privadas por cooperativas improductivas que derivan en redes clientelares, han producido un cambio cualitativo en la estructura del sector primario de la economía.

El Estado es hoy dueño de la gran mayoría de las procesadoras de café, de las centrales azucareras, de la mitad de los silos y frigoríficos, de una parte importante de las arroceras, de las pasteurizadoras y de las unidades de producción de aceite, entre otras grandes cosas. Vuelve a ser el Estado venezolano el principal latifundista de nuestro país, sin que esto se refleje en una producción agrícola estatal proporcional.

El proceso de destrucción y control monopólico también se ha venido expresando en el sector secundario, antiguas zonas industriales yacen hoy convertidas en cementerios de maquinaria, en galpones abandonados, con algunas fábricas que subsisten con apenas un porcentaje de su capacidad instalada, o que la han reduciendo por falta de insumos, de maquinaria, de repuestos, etc.

La política gubernamental también se ha ensañado el último año contra el sector de comercio y servicios, ya hostilizado por el estrangulamiento del acceso al mercado de divisas y por la creación de un entorno hostil para la inversión. La persecución contra los centros comerciales es solo la punta del iceberg de la depauperación del sector comercial autónomo privado. La implantación de una “Ley de Precios Justos” es la última expresión de esta política.

El gobierno ha creado un entorno absolutamente hostil para el emprendimiento económico autónomo de los ciudadanos, reacio a la inversión productiva privada, nacional o externa. Esto no ha sido simplemente fruto de la negligencia, ni el impacto de una crisis externa catastrófica, sino que es el desarrollo de una política de control de la sociedad, destinada a destruir cualquier forma de autonomía ciudadana, para ser sustituida por una inmensa red de dependencia clientelar alimentada con los recursos petroleros.

 

 

La lucha es social…

Este proceso no se está realizando sin resistencias, ni ha conseguido a la población inerme en medio de las arremetidas. Miles de protestas se han desarrollado, año tras año, en toda la geografía nacional, por razones laborales, por razones de la crisis de los servicios públicos, a causa del desabastecimiento, contra la inseguridad y la delincuencia, pero también a causa de la represión gubernamental y de la violación a derechos políticos, económicos y sociales.

No tenemos una población inerte. Las protestas sociales y políticas que hemos visto en 2014, las más de cinco mil protestas que se realizaron en 2013, las más de cuatro mil de 2012, otras cinco mil que se vivieron en Venezuela en 2011, las más de tres mil en el año 2010. Todas estas cifras reflejan una sociedad activa en la lucha por sus derechos, si bien con esfuerzos dispersos y desarticulados, pero presentes.

Los vínculos entre las luchas sociales y las luchas políticas son múltiples y de antigua data. El nacimiento de los movimientos socialdemócratas y laboristas se relaciona tanto con exigencias en materia de ampliación de la ciudadanía política, derecho del voto universal, acceso democrático al poder de los sectores obreros, de las mujeres, cambios en las reglas de juego político-institucionales, como con la ampliación de una ciudadanía económica y social, mejoras en la calidad de vida, participación en el excedente económico generado por la industria, acceso a servicios sociales públicos y universales. Las luchas sociales son políticas, y viceversa, determinando tanto la construcción de la democracia contemporánea como la de los sistemas de seguridad social y de Estados de Bienestar.

En América Latina los movimientos nacional-populares, el aprismo, los movimientos radicales del Sur, la Revolución Mexicana, la lucha por la democracia en Venezuela, articularon el mensaje de la reivindicación de la efectiva soberanía popular, la democracia, con el de ampliación de los derechos sociales y económicos.

Entonces, ahora como en ese momento, la separación entre la lucha social y la lucha política es artificiosa. Pretender acompañar, aupar, la lucha social postergando las reivindicaciones políticas, es decir aquellas que se refieren al origen, funcionamiento, correlación y fin del poder, es un esfuerzo insuficiente para construir el cambio que Venezuela necesita.

He aquí una de las causas fundamentales de la dispersión de las protestas sociales a lo largo de estos años. No sólo hay un déficit institucional grave en las organizaciones de trabajadores, gremiales, sindicales, de grupos de interés, incluso va más allá de la incapacidad para construir lazos orgánicos fuertes entre los sectores populares afectados por la crisis y los partidos políticos. Aparte de la desconfianza que se ha insertado en nuestra dinámica social hay una debilidad en la construcción del enlace entre la crisis socioeconómica y la crisis política.

…el problema es político

La médula del problema socioeconómico actual es fundamentalmente política, ya que deriva de la perversión autoritaria en el funcionamiento y la correlación del poder. Es muy importante tener esto claro para construir un vínculo entre la protesta social y el cambio político hacia la democracia que necesitamos construir. Evadir el cambio político institucional prolongará la crisis, la depauperación y la destrucción económica y los conflictos relacionados.

Acá apelo a lo escrito por Félix Farías, quien podría haberlo dicho más alto pero no más claro, requerimos de una “política que llegue, de un mensaje que articule, de una lucha que sume, de una organización que active, y de un liderazgo consolidado en los sectores”.

Hilar fino en el mensaje político es clave para vincular la expresión económica y social de la crisis con el modelo político que se ha venido estableciendo en Venezuela. No basta denunciar el caos de los servicios públicos y la devaluación de la moneda, no es suficiente hacer patente la escasez y el desabastecimiento, así como el alza en los precios de los productos; hay que vincular las expresiones concretas de destrucción del tejido socioeconómico, de la capacidad de agencia y de autonomía vital, que es lo que sufre cotidianamente cada uno de los venezolanos, con una perversión esencial en el origen, funcionamiento, correlación y fines del poder en Venezuela.

La política tiene que estar presente porque es la gran articuladora de la diversidad y de la particularidad, una vez desnudada, y hecha consciente en la población, la relación entre su drama humano personal y el modelo político autoritario que se pretende implantar, las luchas tenderán a concatenarse, se construirá una convergencia en las agendas en la medida en que compartirían diagnóstico y prognosis.

Este mensaje político articulador, constructor de la convergencia, viene acompañado de la interacción entre los distintos frentes de lucha social, el fortalecimiento organizativo de una alternativa democrática que sea tanto política como social.

No hay una contradicción entre la lucha social y la lucha política, si queremos que Venezuela pase por un proceso de transición a la democracia es imperativo construir la vinculación discursiva y orgánica entre lo social y lo político, el fortalecimiento organizativo construido sobre ese mensaje y sobre ese vínculo, aprovechando la existencia de un liderazgo social sediento de un cambio en el funcionamiento del poder, para densificar el liderazgo político.

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