Los dilemas de la Revolución en Venezuela. Una reflexión sobre los fantasmas sociales del autoritarismo y la reacción de la sociedad civil del 12 febrero.

Prof. Luis Manuel Cuevas Quintero

“El soberano, es decir, el partido o sus dirigentes, nunca han renunciado […] a lo que se llama la “moralidad comunista”, a saber: el derecho de un aparato de poder autodesignado de disponer de la vida entera, las costumbres, preferencias, motivaciones, del futuro e incluso, de la existencia física del individuo”. Agnes Heller.

La peor tragedia que puede vivir una revolución es la de convertirse en el mismo objeto que ella criticó para movilizar los cambios en búsqueda de mayores libertades. El orden de la realidad se trastoca, pierde su sentido de progreso, se desvía y se sumerge poco a poco en un estado de anomia en las que las investiduras y la autoridad política se disuelven vertiginosamente en el  ambiente de corrupción que  decía combatir y que su propia desconfianza en los ciudadanos ha creado. En el fondo del cuadro, la tragedia del personalismo y de su naturaleza autoritaria favorecida por el deterioro de la cultura política democrática, disuelve la responsabilidad del gobierno con los ciudadanos y la dirige a una suerte de lealtad con el líder simbólico o de turno. En su fase de mayor perversión, la revolución que decía reivindicar los valores patrios en Venezuela, termina por someterse al modelo de socialismo cubano y en consecuencia, la soberanía es trastocada en sumisión al modelo de Estado autoritario tropical. Ello explica en principio la más reciente reacción ciudadana encabezada por los movimientos estudiantiles de las universidades autónomas y privadas el simbólico día conmemorativo de la Juventud del 12 de febrero. Pero conviene detenerse en los factores que movilizan las acciones de la sociedad civil.

El desborde de realidad  ha despertado del letargo político a la ciudadanía en un proceso que podemos situar -en una perspectiva más amplia dad sus connotaciones-, desde la derrota electoral de Hugo Chávez en el referéndum consultivo sobre las 69 reformas a la Constitución el dos de diciembre de 2007, el cierre cuantitativo de la brecha electoral entre la oposición y el gobierno en las últimas elecciones, y la explosión ciudadana en el mes de febrero que van desde el día 12 hasta el día de hoy, en el que uno de sus líderes emblemáticos, Leopoldo López se ha entregado para demostrar con su gesto, la situación de sumisión del poder judicial al ejecutivo, una clara demostración de la pérdida de independencia de los poderes públicos. A grandes rasgos el carácter multifactorial de este desborde de realidad se fundamenta en cinco aspectos -que no necesariamente excluyen a otros-,  a saber:

a) la continua escasez de productos básicos y el deterioro de la economía interna, b) el cerco a los medios de comunicación y la clausura de todo diálogo posible en beneficio de un pensamiento único; c) la criminalización de la protesta y del disentimiento, d) la unificación de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial en uno: el poder ejecutivo que se convierte de esta manera, en el espacio hegemónico del poder formal y de facto y, e) una crisis cultural y social de cuyas dimensiones aún no nos hemos dado cuenta.

En este orden de ideas, la lógica social que se nos muestra en la experiencia cotidiana, es límite y condición de posibilidad para un debate que supone salirse de los marcos habituales y transitar hacia una búsqueda de indicios que ayuden a armar el caos aparente, tratando de encontrar ciertos principios organizadores para los cuales el lenguaje tradicional de la ciencia naufraga o debe ser ampliado.

En este contexto de limitación del lenguaje, tratar de situar las coordenadas con las cuales se pueda definir cuál es el tipo de gobierno que existe en Venezuela, supone preguntarse también, por qué tipo de política se ejerce en Venezuela y qué tipo de concepción de los negocios públicos y privados tiene el ciudadano común, así como por sus formas de organización ciudadana en las cuales, las libertades formales adquieren sentido y se hacen práctica y conciencia. En el fondo, se trata de volver a colocar en el tapete el viejo dilema del individuo contra el Estado pero en una nueva clave y en una nueva ruta de posibles soluciones de continuidad.

Preguntar por ¿Qué es el nuevo Estado venezolano? Y ¿cómo caracterizar la revolución?, suponen una respuesta difícil que ha ocupado al menos catorce años de un debate. Las combinaciones para caracterizarlo son múltiples: una mezcla de fascismo más socialismo, de nacional-socialismo más socialismo cubano, de comunismo soviético más neoliberalismo, de autoritarismo blando, de despotismo tropical o de totalitarismo democrático amparado en la sacralización del voto por encima de los principios constitucionales de respeto a las minorías. En el fondo, ninguna caracterización parece ser la más acertada para situar el hibridismo que caracteriza al Estado y sus acciones políticas.

Una profunda alteración de lo real se manifiesta continuamente en la actitud del soberano investido de “furor revolucionario” que se expresa en un lenguaje de fuerte carga violenta y estimulante del resentimiento social. Sus actitudes esconden una bipolaridad política que termina por caracterizar su profunda desconfianza por la sociedad civil. De este modo la estrategia de gobierno transita desde la actitud paternalista, benefactora y peligrosamente moralista que suministra un bienestar regulado al pueblo, hasta la acción represiva que llega a vulnerar todo tipo de disidencia u oposición al criterio “racionalizador” del Estado controlado por el gobierno de turno. Este último se abroga para sí el derecho de decidir que es lo necesario para la “máxima o suprema felicidad del pueblo”.

Al confiscarse todas las esferas públicas y privadas en las que se desenvuelve una sociedad racionalmente libre, se termina por crear un espacio propicio para la dictadura sobre las necesidades, que es la forma como caracterizó Agnes Heller y Féher en su crítica revisionista al marxismo distorsionado que impulsa el deseo de control y poder por parte del “radicalismo pervertido”. En un contexto autoritario fundado en este tipo de dictadura, se reducen las posibilidades de crecimiento del individuo y su libre elección. El  Estado se empodera sobre las libertades individuales y  controla por medio del  partido y su cadena de lealtades la vida ciudadana. Esta situación afecta en Venezuela no sólo a la sociedad civil en su conjunto, sino a  las en teoría comunas, en las que supuestamente radica el poder de decidir de la autogestión. Controladas por el partido y por la obligación de lealtad con el benefactor, -esa especie de ogro filantrópico como lo denunció en su momento Octavio Paz-, que satisface sus mínimas necesidades, la autonomía comunal no pasa de ser una más de las retóricas que apuntalan el pseudo discurso democrático del Estado autoritario.

En este sentido, la geometría del poder, una teoría de “especialización” de la autogestión, termina por ceder el paso a una ecuación totalitaria que somete las voces plurales por la voz del partido. La consecuencia lógica es un individuo alienado incapaz de reconocerse como un sujeto libre que ve en el Estado autoritario, la garantía de satisfacción de sus necesidades, aunque esta, altere el ritmo social a través de colas para poder comprar los productos, cree el desabastecimiento y acelere el deterioro de la calidad de vida.

No obstante, la hegemonía absoluta no pasa de ser una pretensión, un deseo de control total del personalismo y su encarnación mesiánica. El desborde de realidad termina por mostrar las fisuras de la revolución, su lenguaje revestido de religiosidad combinada con un materialismo hiperracionalista, deja de impulsar la idea de una esperanza por un futuro mejor y naufraga ante una realidad atroz que termina por debilitar la imagen del poder central seriamente afectado por la realidad del día a día caracterizada por una crisis general.

Frente a esta atmosfera ya de por si asfixiante, el poder de los grupos de presión y el descontento ciudadano que han visto cercenadas las posibilidades de expresarse en la Asamblea Nacional y en los medios de comunicación tradicionales que servían como válvulas de escape,  se hacen sentir en la calle y en los medios que facilitan las nuevas tecnologías de la comunicación. Las manifestaciones universitarias del doce febrero y la persecución de líderes opositores, así como la represión doble por parte de los órganos de seguridad del Estado y los colectivos armados que actúan impunemente, son una muestra del deterioro continuo de las condiciones de vida ciudadanas, y una reacción a la dictadura sobre las necesidades que se ha intentado implantar en una sociedad que a diferencia de la cubana tiene una larga trayectoria democrática.

Encarcelado en los límites del lenguaje que usa, el gobierno es incapaz de dar una respuesta “dialógica” y ajustada a la Constitución y los derechos ciudadanos, ve en cambio en cada protesta, los fantasmas de una invasión norteamericana que no termina por llegar, ve pequeños burgueses y nazi fascistas en las personas que reclaman con preocupación la reducción del horizonte de expectativas, el deterioro de su vida ordinaria y la actitud cómplice de los poderes públicos.

En este sentido, cuando preguntamos por lo que viene sucediendo actualmente en Venezuela, el conflicto de valores al interior del gobierno revolucionario termina por mostrar su naturaleza autoritaria, su pobreza de lenguaje, su cárcel conceptual, y su incapacidad de llamar a un diálogo nacional que suponga escapar en términos pacíficos al sistema de alienación imperante que transforma a la revolución en una “radicalismo pervertido” como llamó en su momento la Escuela de Budapest a las distorsiones del marxismo originario que cedía ante los designios de un partido único confiscador de las libertades individuales y en consecuencia, incongruente con los principios democráticos de la modernidad y de la libertad.

De esta manera, no es un secreto que la sociedad civil en Venezuela ha decidido protestar en contra de una existencia individual y colectiva cada vez más teñida del gris que se lee en la atmósfera espiritual de la Habana y su gerontocracia, un modelo que orienta al gobierno actual en Venezuela y es su espejo de ilusiones.

El ciudadano  ha decidido ir en contra de esa dictadura sobre las necesidades que esconde tras la ayuda paternalista, una esclavitud de la conciencia del individuo y una lealtad acrítica al líder.  A esto se suma la reacción en contra del desabastecimiento de productos de la canasta básica, la disfuncionalidad de las cadenas de distribución de productos lo que favorece el stress ciudadano por colas interminables para obtener un bien ya determinado y sobrevalorado por la escasez; la desinformación, la censura, el aumento de la violencia en las calles, las altas tasas de homicidios, la inseguridad, la impunidad; las violaciones a la autonomía universitaria, la penetración del narcotráfico, la corrupción galopante en las instituciones del Estado, la perversión de la economía; la sumisión del ejército a una ideología, la acción de colectivos armados tales como los Tupamaros y, el control cambiario que el Estado estimula mediante largos algoritmos de requisitos, lo que ha generado su propio mercado negro caracterizado por una cadena de economía informal que se nutre de la compra y venta de divisas como una solución a las ya precarias condiciones de la capacidad adquisitiva de la moneda nacional en medio de un alto ingreso de dólares producto de la volatilidad de los mercados petroleros.

En medio de esto, lo peor de todo: el cese de funciones de la Asamblea Nacional, que se ha convertido en un órgano meramente nominal, otorgando poderes absolutos al Ejecutivo para que este  legisle con un sentido de profundizar un proyecto de Estado autoritario, transfiriendo el espacio de la toma de decisiones por encima tanto de la opinión de los ciudadanos, como de sus acólitos agrupados en comunas. El ejecutivo se abroga el derecho de planificar al margen de la ciudadanía y decide en consecuencia, sobre cuáles son las necesidades verdaderas de sus ciudadanos, es decir, que deben comer, que deben estudiar, como deben emplear su tiempo libre y hasta que deben soñar. Se conculca el derecho de decidir en materias que afectan el interés nacional y el respeto de las minorías y de los grupos disidentes.

La consecuencia  lógica de toda esta situación, es la dominación central del ejecutivo nacional que excluye la separación de poderes y construye una hegemonía absoluta frente a la reacción de la sociedad civil. Sometidos  los poderes legislativo y judicial, el círculo vicioso del Estado termina por construir una red de lealtades fundadas en el temor y en un falso bienestar de acción limitada, artificial en sus posibilidades de satisfacer a largo plazo las necesidades populares. En este contrapunto la sociedad se resiste a ser absorbida por el Estado y reacciona ante la ruptura del contrato social que caracteriza la racionalidad y la aspiración de cara a la modernidad en término de un bienestar y una paz sociales. En esta tensión, queda abierto peligrosamente y ante el silencio momentáneo de la comunidad internacional, el espacio para una unidad coercitiva cuyas posibilidades de éxito son efímeras dado el contexto global de los derechos humanos y de las articulaciones materiales y espirituales del sistema mundo, así como de la dignidad de los ciudadanos.

Se vive pues en medio de la crisis una emergencia de una cultura política que había perdido su orientación ciudadana y el interés por los negocios públicos. A estas legítimas preocupaciones, y reclamos debe el Estado dar respuesta, a esta situación deben la burocracias estatales dirigir las lealtades y responsabilidades que se dirimen entre la sociedad civil o el personalismo.

De esta manera, el Estado se debate en el dilema de responder a una de las dos caras que ha legado la modernidad del siglo XX: o a la democracia o la dictadura todo un dilema para el autodenominado socialismo del siglo XXI. Esta y no otra es la situación actual que se observa en una Venezuela que vive un momento histórico en su larga marcha por la democratización de los poderes públicos, la vida ciudadana ajustada a las libertades formales  y, la relajación de la tensión esencial entre el individuo y el Estado.

El gobierno y sus consejeros de la Habana deben recordar que de la situación de impotencia total que es producida por un cerco sistemático de los espacios sociales, puede emerger desde la coerción y desde las zonas silenciosas de la historia, de los caminos imprevistos de las revoluciones como señaló Caracciolo Parra-Pérez, una violencia justa y legítima de la ciudadanía, ella es el motor de las nuevas revoluciones democráticas que transportan nuevas ideas y actúan sobre la base de una racionalidad humanista que se opone a toda forma de autoritarismo.

17 de febrero de 2014

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