Carta a nuestros colegas parlamentarios del Gran Polo Patriótico

En vista de las limitaciones existentes en Venezuela y particularmente en el seno de la Asamblea Nacional para un diálogo franco, respetuoso y, sobre todo, fructífero, queremos conversar con ustedes por esta vía sobre la amenaza que se cierne sobre el ejercicio de la función parlamentaria a propósito del caso del diputado Richard Mardo.

Fíjense que no pretendemos entrar en el fondo de la materia de este caso, no por falta de argumentos y de la plena convicción que existe entre nosotros, los diputados de la bancada de la Alternativa Democrática, sobre la maniobra política que se esconde tras la decisión de allanarle la inmunidad a este representante de la voluntad popular, que no es otra que impedir que pueda competir en futuras elecciones en su estado Aragua, sino porque deseamos concentrarnos en el tema principal de este mensaje dirigido a la conciencia de cada uno de ustedes.

Cuando se allana la inmunidad de un parlamentario deben cubrirse todos los extremos constitucionales y legales, con el objetivo de preservar no únicamente al parlamentario electo en su condición de individuo, sino de salvaguardar su condición de representante de la voluntad popular, del soberano, del pueblo, del elector, que confió en él su voto para que éste ejerciera con total libertad de  conciencia su rol como integrante de la Asamblea Nacional.                                La inmunidad parlamentaria, respetados colegas, no es un privilegio exclusivamente personal de un diputado. Es la garantía de que éste pueda cumplir con el mandato ciudadano que recibió al momento de resultar electo. Por eso el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y, en este caso, además, su inmediata inhabilitación política, no puede ser resultado de una mayoría simple de la Asamblea Nacional, porque si ese fuere el caso estaríamos ante un Parlamento disminuido en su eficacia, en su autoridad, en sus competencias y en su capacidad de legislar y tomar decisiones sin presiones de factores externos de cualquier naturaleza.

Si ustedes aprobaran  con su votos que  el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la aplicación, ex-ante, del artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal  sobre el diputado Mardo, como lo está solicitando el Tribunal Supremo de Justicia, se ejecute con mayoría simple no sólo estarían contraviniendo el espíritu del Constituyente de 1999, quien se expresó claramente en el sentido de que la separación de una diputada o un diputado sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes (artículo 187 numeral 20 de la Carta Magna vigente); estarían, además, propinándole un golpe mortal a la propia inmunidad parlamentaria de todos los diputados.           Nosotros les formulamos la siguiente reflexión: ¿Creen ustedes que si el Constituyente de 1999 estableció el pre requisito del voto de las dos terceras partes de los asistentes a la sesión parlamentaria para decidir sobre la separación  de un diputado o diputada, no debe igualmente inferirse que el allanamiento de su inmunidad, algo de mayor relevancia e implicaciones políticas y jurídicas  que la mera separación, puede aprobarse con una mayoría simple?

Sabemos que muchos de ustedes también se han planteado en su íntima soledad las consecuencias que pueden derivarse de una decisión que coloque la inmunidad parlamentaria en manos de una sola corriente política, o lo que es peor, en las de quienes la dirigen. Con toda seguridad, más de uno de ustedes estará pensando si en un futuro más cercano de lo que puedan imaginar la rueda de la mala fortuna política los escoge para pasar de victimarios a víctimas de una aberración como la que está a punto de cometerse contra este colegas diputado.

Es ahora y no después el momento de actuar para impedir que la institución parlamentaria se siga debilitando, para hacer valer las reglas de un juego democrático que no sólo ofrezca garantías para quienes estamos en una posición de minoría parlamentaria circunstancial, como consecuencia de un modelo electoral distorsionado con la finalidad desfavorecer al partido de gobierno, sino que también pueda representar un escudo de defensa para ustedes frente a las arbitrariedades que padecen a causa de un esquema de dirección arbitrario que los reduce a la simple condición de fichas que sólo deben obedecer las decisiones de un “cogollo” muy poco dado a la consulta y al respeto a la posición de cada uno de los integrantes del grupo parlamentario del PSUV y sus aliados.

Quedará en ustedes la responsabilidad ante la historia. El país, en toda su diversidad política, los observa y espera que actúen con apego total a los principios de la democracia, como muchos de ustedes nos lo han hecho saber en conversaciones apartadas de la confrontación y la descalificación. No se trata de un favor personal, o de una medida benévola para salvar de la cárcel a un parlamentario; se trata de un compromiso que ustedes y nosotros tenemos con la Constitución de 1999, con las garantías que ella establece para que la representación popular pueda ejercerse con total libertad y sin más limitaciones que las establecidas en la propia norma constitucional y en los instrumentos legales aprobados en plena consonancia con ella.

Esperamos que este mensaje llegue a buen destino, que les sirva como punto de referencia para la toma de sus decisiones en este caso. Que lo reciban en el entendido de que cualquier acto contrario al buen juicio puede repercutir negativamente en el devenir democrático del país y, no lo olviden, sentar precedentes que mañana pudieran ser invocados para atropellarlos a ustedes, tal y hoy se pretende hacer con el diputado Richard Mardo.
De ustedes, atentamente,

 

Las firmas de los 67 diputados de la MUD.

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