Denuncia dirigida al Ministro Rafael Ramírez, Pdte de PDVSA, por parte del Diputado Carlos Ramos

Caracas, 11 de Diciembre de 2012

 

CIUDADANO:      

ING. RAFAEL RAMIREZ

PRESIDENTE DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA,  S.A., (PDVSA)

SU DESPACHO.-

 

Es el caso que el diecinueve (19) de Marzo de 2.009, los habitantes de la Parroquia Los Nevados, Municipio Libertador del Estado Mérida expusieron “que había una partida asignada por PDVSA para construir la Escuela Agropecuaria de los Nevado, pero que PDVSA solicito se le devolviera el Dinero que había sido asignado para ejecutar esta importante obra que va en beneficio de un gran numero de Niños y Adolescentes de las Parroquias Los Nevados, El Morro y Acequias .

 

De la denuncia señalada y de los recaudos presentados, los cuales constan en el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Mérida bajo el  expediente Nº21.192,  se deprende que se encuentra en peligro o en riesgo el Derecho a la Educación así como la vinculación de la Educación y el trabajo de los Niños, Niñas y Adolescentes de las Parroquias Los Nevados y El Morro del Municipio Libertador del estado Mérida,  por parte del Estado y muy especialmente de las empresas del Estado A) La Empresa “PDVSA PETRÓLEO, S.A.”, antes denominada PDVSA PETRÓLEO Y GAS, S.A., constituida originalmente bajo la denominación social de CORPOVEN. S.A., Sociedad Mercantil filial de PETRÓLEO DE VENEZUELA, S.A., constituida y domiciliada en Caracas, originalmente inscrita en el Registro Mercantil Secundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federa! y Estado Miranda, e!16 de noviembre de 1978, bajo el N° 26, Tomo 127-A Sgdo., cuyo Documento Constitutivo – Estatutario ha sufrido diversas reformas, entre ellas en la que cambió su denominación social de CORPOVEN S,A. por POVSA PETRÓLEO Y GAS, S.A., sucesora a Título Universal, a su vez de LAGOVEN, S.A., Sociedad Mercantil que estuvo domiciliada en la Ciudad de Caracas, constituida según documento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federa! y Estado Miranda, el 18 de diciembre de 1975, bajo el N° 56, Tomo 116-A, publicado en la Gaceta Municipal del Distrito Federal Nc 14.816 de fecha 20 de diciembre de 1975; y de MARAVEN, S.A., Sociedad Mercantil que estuvo domiciliada en Caracas, constituida según documento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 22 de diciembre de 1975, bajo el N° 58, Tomo 116-A, publicado en el correspondiente asiento de la Gaceta Municipal del Distrito Federal N° 14.821, del 27 de diciembre de 1975, sucesión a título universal que tuvo lugar en virtud dé la fusión por absorción de estas últimas por CORPOVEN S.A., ocurrida el 01 de enero de 1998 y ejecutado dicho cambio de denominación social y dicha fusión, según Acta Inscrita en dicho Registro Mercantil el 30 de diciembre de 1997, bajo e! N° 21, Tomo 583-A, Sgdo., publicada en el Repertorio Forense No. 11.246-2, del 31 de diciembre de 1997; sufrió otra reforma en la cual se cambió a su actual denominación social de PDVSA PETRÓLEO, S.A., que consta en documento inscrito en el citado Registro Mercantil, el 9 de mayo de 2001, bajo el N° 23, Tomo 81-A Sgdo., e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el número J-00123072-6 publicado en el Periódico Mercantil El Informe Empresarial N° 8244, del 11 de mayo de 2001; y siendo la ultima reforma aquella en la cual se modifica su documento constitutivo estatutario y se unifica el mismo en un solo texto, según consta en Acta Extraordinaria de Asamblea inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de !a Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 16 de marzo de 2007. Bajo el N° 57, Tomo 49-A Sdo., en lo adelante denominada PDVSA, representada en este acto por el ciudadano ROMER ANTONIO VALDEZ PRIETO, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de \’ identidad N° V-7.960.269, Ingeniero, domiciliado en la ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando en su condición de Gerente General de la División de Occidente de Exploración y Producción (EyP), suficientemente autorizado para este acto según Documento Poder Especial de Administración y Disposición debidamente protocolizado por ante el Registro   Público del Primer Circuito de! Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en Fecha 25 de Febrero de 2008, bajo el N° 37. Tomo 2°, Protocolo 3°  y B) La sociedad mercantil “DESARROLLOS URBANOS, S.A.” (DUCOLSA). domiciliada en la Ciudad de Caracas, Distrito Capital, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 25 de julio de 2006, bajo el N° 59, Tomo 115-A Pro, creada por Decreto Presidencia! N° 2.842, de fecha 04 de marzo de 1.993, publicado en Gaceta Oficial N° 35.193 de fecha 20 de marzo de 1.993, inicialmente inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulla en fecha 26 de octubre de 1.993, bajo la denominación DESARROLLOS URBANOS COSTA ORIENTAL DEL LAGO, S.A., bajo el N° 46, Torno 5-A, y cuya ultima reforma estatutaria se encuentra registrada por ante esa misma Oficina de Registro en fecha 22 de junio de 2006, bajo el N° 03, Tomo 51-A, representada por el ciudadano JOSÉ LUIS PARADA SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, casado, titular de !a Cédula de Identidad N° V-9.260.454, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de DUCOLSA, conforme a Decreto Presidencial N° 4.313, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.403, de fecha 22 de Marzo de 2.006.  Todo ello  en virtud  que las mismas en fecha Quince (15) de Octubre de 2.008, suscribieron un convenio con la Alcaldía del Municipio Libertador  del Estado Mérida, donde se otorgaba la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs 800.000,°°), para la ejecución del Proyecto “Creación de la Escuela Técnica Agropecuaria de los Nevados y El Morro”, el cual dejan sin efecto de manera arbitraria en fecha catorce (14) de Noviembre de 2.008, las Empresas “PDVSA Petróleos, S.A.” y “Desarrollos Urbanos, S.A”, antes identificadas, las cuales rescindieron de forma unilateral el convenio, por la presunta negligencia de la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida, representada para aquel entonces por el ciudadano Carlos León Mora, quien según las Empresas no cumplió con lo pautado por ellos, lo cual fue ratificado en fechas siete (07) de Enero de 2009, veintiuno (21) de Enero de 2.009 y también según la Inspección Judicial N°6823, realizada por el Tribunal Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina del Estado Mérida en fecha veintisiete (27) de Febrero de 2.009, tal situación la cual es generada por la negligencia de una administración del Estado,  conlleva a que la empresas rescindan y soliciten la devolución del Dinero es decir, la Cantidad de  OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs 800.000,°°), afectando con tal aptitud a una población de Niños, Niñas y Adolescentes,  que viven en un lugar distante a la Capital de Municipio y que no tienen un acceso fácil y rápido a las instituciones escolares donde se les enseñe un arte u oficio y  en consecuencia a la educación, conllevando esto a la presunta violación del Derecho a  la Educación y a la violación del Vinculo entre la Educación y el Trabajo,  establecidas como Derechos en los artículos 53 Parágrafo Primero y 58  Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,  concatenados con lo señalado en los artículos 4, 4A, 7, 8, 11, 12 y 14 del mismo texto legal por parte del Estado a través de sus Empresas y que señalan: Artículo 53. Derecho a la educación. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la educación gratuita y obligatoria, garantizándoles las oportunidades y las condiciones para que tal derecho se cumpla, cercano a su residencia, aun cuando estén cumpliendo medida socioeducativa en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente. Parágrafo Primero. El Estado debe crear y sostener escuelas, planteles e institutos oficiales de educación, de carácter gratuito, que cuenten con los espacios físicos, instalaciones y recursos pedagógicos para brindar una educación integral de la más alta calidad. En consecuencia, debe garantizar un presupuesto suficiente para tal fin. Parágrafo Segundo. La educación impartida en las escuelas, planteles e institutos oficiales será gratuita en todos los ciclos, niveles y modalidades, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico”; “Artículo 58. Vínculo entre la educación y el trabajo. El sistema educativo nacional estimulará la vinculación entre el estudio y el trabajo. Para ello, el Estado promoverá la orientación vocacional de los y las adolescentes y propiciará la incorporación de actividades de formación para el trabajo en la programación educativa regular, de forma tal que armonicen la elección de la profesión u oficio con el sistema de enseñanza y con las necesidades del desarrollo económico y social del país.”; “Articulo 4. Obligaciones generales del Estado. El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías.”; “Artículo 4-A. Principio de Corresponsabilidad. El Estado, las familias y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta, su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta su interés superior, en las decisiones y acciones que les conciernan.”; Articulo 7. Prioridad Absoluta. El Estado, las familias y la sociedad deben asegurar, con prioridad absoluta, todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende: a) Especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas. b) Asignación privilegiada y preferente, en el presupuesto, de los recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y para las políticas y programas de protección integral de niños, niñas y adolescentes. c) Precedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso y la atención a los servicios públicos. d) Primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección y socorro en cualquier circunstancia.”;  “Artículo 8. Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes. El Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Parágrafo Primero. Para determinar el interés superior de niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se debe apreciar: a) La opinión de los niños, niñas y adolescentes. b) La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes. c) La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño, niña o adolescente. d) La necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías del niño, niña o adolescente. e) La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. Parágrafo Segundo. En aplicación del Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”;  “Artículo 11. Derechos y garantías inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes consagrados en esta Ley son de carácter enunciativo. Se les reconoce, por lo tanto, todos los derechos y garantías inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en esta Ley o en el ordenamiento jurídico.”;  “Artículo 12. Naturaleza de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en esta Ley son inherentes a la persona humana, en consecuencia son: a) De orden público, b) Intransigibles., c) Irrenunciables. d) Interdependientes entre sí. e) Indivisibles” y “Artículo 14. Limitaciones y restricciones de los derechos y garantías. Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en esta Ley sólo pueden ser limitados o restringidos mediante ley, de forma compatible con su naturaleza y los principios de una sociedad democrática y para la protección de los derechos de las demás personas.”

 

Aunado a esa serie de Principios y Derechos  tenemos de igual interés el principio de corresponsabilidad destacado en el articulo 4-A de la Ley Especial,  donde involucra al Estado, Familia y Sociedad, pero indicando el articulo 4 del mismo texto legal, que el Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías, indicando como prioridad absoluta la Precedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso y la atención a los servicios públicos y Primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección y socorro en cualquier circunstancia.

 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente se determina que las Empresas  “PDVSA Petróleos, S.A.” y “Desarrollos Urbanos, S.A”, plenamente identificadas, están violando sus propias atribuciones como Empresas del Estado Venezolano,  en el sentido de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías como Empresas  Filiales del Estado Venezolano, que los conlleva como Estado a la violación o presunta violación de los Derechos Colectivos y Difusos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Libertador del Estado Mérida y muy especialmente de las Parroquias El Morro y Los Nevados, sin importarles que ya el terreno para tal fin fue adquirido en fecha 10-07-2.008, según documento protocolizado por ante la oficina de Registro Subalterno de Municipio Libertador del Estado Mérida anotado bajo el N° 28, Protocolo Primero, Tomo Sexto, Tercer Trimestre del referido año 2.008,  con la rescisión del Convenio y el retiro de los Recursos destinados para la  ejecución del Proyecto “Creación de la Escuela Técnica Agropecuaria de los Nevados y El Morro”,  indicando un negligencia por parte de las antiguas autoridades de la  Alcaldía del Municipio Libertador  del Estado Mérida, en virtud que esto trae y traería como consecuencia el no gozar del lugar adecuado para que los Niños, Niñas y Adolescentes de las Parroquias Los Nevados y El Morro, tenga donde desarrollarse física y mentalmente,  dejando de vincular la educación con el trabajo es decir dejar de aprender un arte u oficio relacionado directamente con la educación y con el habitad donde ellos se desenvuelven y así poder aplicar conocimientos técnicos que los lleven a conseguir en el tiempo un mejor nivel de vida adecuado para desarrollarse de manera personal, y la rescisión del convenio  y retiro de los recursos de materializarse conllevaría a la violación flagrante de los artículos, 53 y  58 de la  Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, referente a “Artículo 53. Derecho a la educación” y “Artículo 58. Vínculo entre la educación y el trabajo”, al querer rescindir y retirar los recursos  para la  ejecución del Proyecto “Creación de la Escuela Técnica Agropecuaria de los Nevados y El Morro”,  indicando una negligencia por parte de las antiguas autoridades de la  Alcaldía del Municipio Libertador  del Estado Mérida, lo cual es imputable al Estado, según lo señala el articulo 4 y 7 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

 

Por otro lado las empresas en mención no se han dado por notificadas desde hace ya tres años y medio evadiendo sus responsabilidades con argucias jurídicas que perjudica a los Niños, Niñas y Adolecentes del Municipio  Libertador del estado Mérida

 

Por  todas las razones de hecho antes expuestas y con fundamento en las normas invocadas, las cuales deben ser interpretadas conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es por lo que acudo a su competente autoridad para solicitar como Presidente de  “PDVSA PETRÓLEO, S.A”,  la NO recesión del Convenio de fecha Quince (15) de Octubre de 2.008 referente a la ejecución del Proyecto “Creación de la Escuela Técnica Agropecuaria de los Nevados y El Morro” y en consecuencia el NO retirar los recursos ya depositados en la Alcaldía del Municipio Libertador del estado Mérida, que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs 800.000,°°)  y  que se otorgue un nuevo lapso de tiempo para la ejecución del Proyecto “Creación de la Escuela Técnica Agropecuaria de los Nevados y El Morro” que sea mayor a  seis (06) meses y no menor de Doce (12) meses, con la finalidad que la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida, con sus autoridades y conjuntamente con los Consejos Comunales de las Parroquias Los Nevados y el Morro, comiencen a  ejecutar el Proyecto “Creación de la Escuela Técnica Agropecuaria de los Nevados y El Morro” en el terreno   adquirido en fecha 10-07-2.008, según documento protocolizado por ante la oficina de registro Subalterno de Municipio Libertador del estado Mérida anotado bajo el N° 28, protocolo primero, tomo sexto tercer trimestre del referido año 2.008

 

Remisión y participación que la hago para su conocimiento y demás fines legales consiguientes

 

 

Atentamente

ECON. CARLOS RAMOS

DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

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