La inflación y el costo de la vida en Venezuela

Luego de trece años en el poder, el actual gobierno ha presentado como logros propios el crecimiento económico registrado de 2004 a 2008, que fue acompañado por la reducción del desempleo, y la prestación de un conjunto de servicios públicos y la disminución de la pobreza y la desigualdad, medida en ambos casos en términos de ingresos.
Desafortunadamente, los resultados alcanzados por este gobierno sólo se obtuvieron reforzando los rasgos más indeseables de la economía venezolana, pues responden al impulso dado al consumo por el gasto fiscal. El gobierno administró una prolongada bonanza petrolera exacerbando, a un grado sin precedentes, la intervención del Estado en la economía, como productor y como regulador. De esa forma se ha imposibilitado diversificar la producción, estabilizar la inflación a un nivel similar al de la mayoría de los países de la región, corregir los desajustes monetarios creados por el nivel y dinámica del gasto, instrumentar una política y régimen cambiarios coherentes, reducir la dependencia del petróleo, erradicar la corrupción y sostener el crecimiento económico de tal forma que el abatimiento de la pobreza fuese un rasgo permanente.
Como consecuencia, en los últimos años no sólo se ha acentuado la vulnerabilidad de la economía al darse un uso arbitrario y poco transparente a los crecientes ingresos petroleros,  sino que ha habido una estruendosa caída de la inversión privada, de la calidad del empleo y de la capacidad productiva de la Nación.
Tenemos unas de las tasas de inflación más altas del mundo. La falta de producción interna del país, unido a una negativa política monetaria, y un gasto público desmesurado ha disparado la inflación en nuestro país. Los venezolanos, de todos los estratos, ven y siente que sus ingresos se evaporan.  El incremento galopante de los precios de todos los productos, tanto los de consumo primario, como suntuario o de insumos para la actividad económica, afecta negativamente el bolsillo del venezolano. Esta situación ha llevado a cruzar la línea de la pobreza en los últimos 13 años a miles de  venezolanos y ha dejado estancado el combate a la pobreza en los estratos D y E de nuestra sociedad. Para finales del 2011, 14.910 hogares adicionales entraron en pobrezas extrema en nuestra nación.
Este gran descalabro económico ha sido producto de la puesta en marcha, de lo que el gobierno ha dado en llamar, la “transición al socialismo”, plan concebido como un proceso destructivo. Sólo destruyendo los modos de producción y los valores que se atribuyen al “capitalismo”, el gobierno logrará, según sus propios términos, construir una economía centralmente planificada, donde no exista propiedad privada de los medios de producción estratégicos.
Adicionalmente, el gobierno ha facilitado la fuga de capitales y ha dispuesto de las reservas para cumplir sus propios fines de endeudamiento y gasto. Mientras tanto, el control permitió la sobrevaluación del bolívar en una economía con alta inflación, encareciéndose en consecuencia las exportaciones, abaratándose las importaciones y reduciéndose las oportunidades para la producción de bienes transables en Venezuela.
A las medidas económicas que ha implementado el actual gobierno, debe añadirse el aval que ha dado el BCV a las explicaciones que señalan a la “especulación” como causa determinante de la inflación. Esas mismas explicaciones le han servido al gobierno para justificar el uso de inútiles y perjudiciales controles de precios como políticas antiinflacionarias que sólo logran empeorar los desequilibrios y crear desabastecimiento en nuestros mercados locales y nacionales.
Los intentos del gobierno por combatir la inflación dejan de lado las acciones más elementales y de sentido común, que la mayoría de los países de la región han implementado, logrando reducir la inflación a menos de dos dígitos.
No quiere reconocer el gobierno que nuestra elevada inflación es producto de la irracionalidad de las políticas financieras, económicas y sociales que ha venido implementando a lo largo de estos 13 años.
La Mesa de la Unidad Democrática llama a trabajar sin descanso por un cambio democrático de gobierno el próximo 7 de octubre de 2012, que permita reorientar el desarrollo del país y darle una solución integral al problema de la inflación.
El Gobierno de Unidad Nacional que presidirá Henrique Capriles Radonski, propone incrementar y diversificar su producción, generar nuevas empresas y empleos productivos, alcanzar una tasa de inflación de un dígito bajo, y abatir la pobreza de un modo sostenible.
Se revisará y flexibilizará el orden jurídico e institucional que afecta la creación de empresas y de su productividad. La meta sería eliminar los obstáculos para la creación de empresas y los excesos normativos para su funcionamiento, aumentando la producción de bienes y servicios que reducirían el índice inflacionario de los bienes y servicios de primera necesidad para todos los venezolanos.
Se dará especial atención a los grupos vulnerables desde la perspectiva del mercado laboral, específicamente los jóvenes y las mujeres en condiciones de menor capacitación y experiencia. A tal efecto se implementarán programas de capacitación e inserción laboral, así como de promoción del emprendimiento.
No es posible flexibilizar el control de cambios sin tener en cuenta sus efectos sobre el sistema financiero. Sin menores tasas de inflación será imposible mantener tasas de interés reales y positivas, que a pesar de ser necesarias para estimular el ahorro nacional sólo podrán lograrse gradualmente.
Ningún esfuerzo bastará para crear y mantener empleos de calidad si el nuevo gobierno no se compromete con la progresiva reducción de la inflación y la diversificación de las oportunidades de inversión en el país, en un ambiente donde se respeten derechos de propiedad prudentemente regulados. Sin avances en esta dirección no será posible para la mayoría de los venezolanos lograr un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Y tampoco será posible para el Estado garantizar la provisión de servicios indelegables, en cantidad y calidad suficiente para contribuir a la reducción de la desigualdad. Ese es nuestro compromiso con los venezolanos.

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