El Fondo Chino

Omar Barboza Gutiérrez

 

La semana pasada se sometió a la consideración de la Asamblea Nacional el Segundo Protocolo de enmienda del Acuerdo conocido como el Fondo Chino. Cuando nos correspondió fijar posición como Diputado en esa Sesión, comenzamos por dejar claro que consideramos conveniente que el país tenga buenas relaciones con todos los países del mundo, y en lo económico reconocemos la importancia de tener relaciones con un país como la República Popular China que es hoy la segunda economía del mundo y que tiene 1.300 millones de habitantes.

Pero esos acuerdos deben hacerse cumpliendo con nuestro deber de proteger los intereses nacionales, y velar por el respeto a nuestra Constitución  y a nuestras leyes. En ese sentido hay algunos aspectos del acuerdo propuesto que nos llama poderosamente la atención.

Empezando porque quien se endeuda es BANDES hasta por 8.000 millones de dólares en dos tramos, pero quien se obliga a suministrar no menos de 230.000 barriles diarios entre petróleo y derivados es PDVSA. Sin embargo el comprador no le deposita el valor de los bienes suministrados a PDVSA, sino a una cuenta conjunta de BANDES y el Banco de Desarrollo de China. Lo cual significa una descapitalización de PDVSA que corre con todos los gastos de producción, refinación, regalías e impuestos, sin recibir el pago. Por otra parte, FONDEN aporta 4.000 millones de dólares en dos tramos, cuando todas las inversiones se harán en Venezuela. Por lo cual nos da la impresión de que China ha exigido como contraprestación por comprarnos 8.000 millones de dólares en petróleo y derivados, que Venezuela le contrate obras, y le compre bienes y servicios a China por 4.000 millones de dólares. No entendemos la necesidad de atar la venta de nuestros productos a la compra de productos chinos.

Si esa operación la hacemos para recibir por adelantado el dinero por vender petróleo a futuro y así resolver un problema de falta de liquidez, nos parece una contradicción con lo expresado en los balances del BCV de finales de 2011 donde se afirma que entre los activos externos de la República, distintos a las Reservas Internacionales, el país tiene en moneda y depósitos cantidades superiores a 35.000 millones de dólares, ¿Por qué no usamos parte de esos recursos para evitar negociar en condiciones desventajosas? ¿En vez de estar financiando a corto y mediano plazo inversiones de amortización a largo plazo como lo es la ferrocarrilera?

Tratando de conseguir una explicación a esta extraña operación, nos encontramos con el contenido del Punto de Cuenta No. 062-11 de fecha 15-04-2011 presentado por el Presidente de PDVSA al Presidente de la República, donde explica lo que considera un “excelente mecanismo” para utilizar los recursos, donde dice: Por haberse constituido como un Fondo, tiene una administración separada del Tesoro Nacional, lo cual permite la asignación de recursos por parte del Ejecutivo Nacional para proyectos de Infraestructura y de Interés Nacional”…“El uso de estos fondos para proyectos sólo requiere la aprobación del Ejecutivo Nacional, simplificando los procedimientos administrativos de aprobación”.

Nosotros afirmamos en ese debate que el “excelente mecanismo” que refiere el Presidente de PDVSA, es violatorio  de la Constitución, de la Ley, y de los principios de transparencia en el manejo de los dineros públicos.

En lo constitucional viola las siguientes disposiciones: a) Artículo 167, numeral 4, que señala como ingreso de los Estados el Situado Constitucional que debe afectar e esos recurso hasta en un 20% para los Estados del país; b) Artículo 187, numeral 3, que expresa que corresponde a la Asamblea Nacional ejercer control sobre el gobierno y la Administración Pública Nacional, ¿Cómo ejercer ese control si solo algunas de estas inversiones van a la Asamblea Nacional para tramitar el crédito adicional?; c) Artículo 287: “La Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como las operaciones relativas a los mismos” ¿Quién controla el uso de esos recursos?; y d) Artículo 314, el cual dispone: “No se hará ningún tipo de gastos que no  haya sido previsto en la Ley de Presupuesto”.

Y en cuanto a la violaciones de ley, me voy a referir a la más importante: Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico, Artículo 93, que expresa: “No se podrán contratar operaciones de crédito público con garantías o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, estadales o municipales”. Los 230.000 barriles diarios de petróleo y derivados que garantizan el pago, no son bienes que pueden legalmente servir de garantía.

Ojalá solo sea un cuento chino.

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