Sobre el tema agroalimentario en Venezuela

El presidente de la República declaró recientemente, en ocasión de la promulgación de la Ley de Atención del Sector Agroalimentario, que “Venezuela va a ser una potencia agroalimentaria” y que el gobierno nacional está haciendo los esfuerzos para lograrlo.

El agro venezolano se encuentra en una profunda crisis.  Los más afectados son los consumidores, que sufren los embates de la inflación, el desabastecimiento, la escasez y la contracción en la diversidad de la oferta.  Entre los factores que afectan el desenvolvimiento del campo venezolano se encuentra, sin duda, el oprobio de la inseguridad, traducida en secuestros, pago de vacunas, robo de ganados y de equipos, y coadyuvados por la irregularidad en el servicio eléctrico. Además, el gobierno ha mantenido una postura contraria a la libre empresa y a las inversiones, así como un enfrentamiento evidente a la propiedad privada.
Venezuela ha presenciado un aumento significativo de las importaciones, en perjuicio de la producción nacional.  Mientras que el período de gobierno 1999-2003 tuvo importaciones por el monto de $1.784 millones, en los seis años que van desde 2004 a 2009 las importaciones registraron un monto de $4.426 millones. Ese incremento inaudito trae consigo, por supuesto, la caída estrepitosa de la producción nacional.  En condiciones normales, hubiese sido necesario importar aproximadamente $2.000 millones al año, es decir, 12 mil millones de dólares.  La diferencia, $14.500 millones, es lo que dejó de circular en la economía agroalimentaria de Venezuela en ese período.

Los productores del campo y los campesinos deben lidiar, adicionalmente, con la falta de materia prima. En los rubros de arroz, harina precocida, aceite y café molido la situación es especialmente alarmante. Esta ausencia de materia prima es otro factor que lleva a la prominencia de las importaciones.

La industria de la harina precocida requiere 500 mil toneladas, antes de junio, para mantener el consumo hasta septiembre y el sector necesita 1,3 toneladas de maíz blanco. La situación del arroz es quizás la más crítica.  Un país que se autoabastecía de este rubro llegó a importar más de 250 mil toneladas en transacciones dudosas y con sobreprecio, como las que se dieron con Guyana.
En cuanto al café, las torrenteras medianas y pequeñas tienen 40% del inventario agotado porque la cosecha nacional llegó a 700 mil quintales cuando el consumo industrial está entre 1,6 y 1,8 millones de quintales. Del mismo modo, las torrefactoras necesitan 600 contenedores de café hasta que entre la nueva cosecha en octubre: esto equivale a 192.000 sacos de 60 kilogramos de producto tostado y molido listo para el consumidor.

En el rubro de los cereales, la harina precocida y de los alimentos para la producción de pollos, huevos, cerdos; y en menor proporción la leche y sus derivado, tuvieron una caída en su producción de 6,5% y una disminución de 170.000 hectáreas en su área de siembra.  Adicionalmente, la disminución en la producción de café en 32% con respecto a 2010 y de su superficie sembrada, la de la caña de azúcar en 9% y la del cacao en 5,4%, según el BCV, ha agravado el problema del desempleo en el sector rural, que se ha llegado a ubicar en 64.000 personas.

El tema de la producción de carne también es grave. En esta área se están importando 364 mil toneladas, es decir, 60% del consumo nacional, lo cual evidencia una dependencia externa que incide en el abastecimiento de leche, de la cual únicamente producimos 40% del consumo interno.  La pesca va por el mismo camino. La captura estaba en 500.000 toneladas anuales hasta el año 2000, abasteciendo el consumo nacional y exportando el remanente.  En 2010 la captura disminuyó a sólo 200 mil toneladas.

El sector agroalimentario muestra excesivas trabas para producir y exportar.  En 2011, la brecha entre las exportaciones petroleras y las no petroleras fue la más grande de la historia republicana del país, ubicándose en $82.409 millones. Mientras, el 80% de los exportadores venezolanos trabajan a pérdidas para cumplir con contratos firmados y no perder los mercados que tienen.

El panorama agroalimentario es sombrío. El gobierno ha destruido el aparato productivo nacional. Existe una mayor dependencia del petróleo, que se traduce para los ciudadanos en mayor dependencia del Estado.  El 80% de los alimentos que se consumen en Venezuela provienen del exterior, con los problemas asociados que ya conocemos. La imagen la completan expropiaciones ilegales, confiscaciones, invasiones e intimidaciones; ministros que declaran el crecimiento del sector a pesar de que la misma Memoria y Cuenta de su despacho muestra un decrecimiento; empresas “hechas en socialismo” que en verdad fueron despojadas de las manos privadas que las consolidaron, muchas de ellas hoy con bajas considerables de producción y en estado de crisis, como el caso de Agropatria, antes Agroisleña.

La mentira de la Gran Misión AgroVenezuela: Más importaciones y menos soberanía.

Con el objetivo de garantizar la soberanía alimentaria de la nación, el gobierno nacional anunció la creación de la Gran Misión AgroVenezuela.  Lamentablemente para los venezolanos, esta misión no ha sido más que una estafa.  La iniciativa no ha logrado mitigar las importaciones frenéticas.  Se ha desatendido al sector agracio, los créditos llegan a destiempo, cuando llegan, y de forma fraccionada.  Además, ha dejado al sector carente de insumos y de asesoría técnica y atención para poner a producir las tierras.
La Gran Misión AgroVenezuela recibió la mayor cantidad de recursos adicionales, aprobados por la Asamblea Nacional.  Cerca de 12 mil millones de bolívares fueron aprobados a través de la Ley de Endeudamiento y créditos adicionales.  Recibió un aporte de PDVSA de 10 mil millones de bolívares, a los que se le suman los recursos ordinarios del Ministerio de Agricultura, de sus organismos adscritos y los créditos de la banca pública y privada.  Aun así, el fracaso de la Misión es evidente.

Pareciera haber un consenso en que la Misión AgroVenezuela ha sido más una iniciativa de publicidad y propaganda, que un programa social para fortalecer la estructura agroalimentaria del país. Luce como si la manera de garantizar la soberanía alimentaria es, para el gobierno nacional, aumentando las importaciones de manera desmedida, sin importar el perjuicio al campo nacional. La “recuperación” de tierras es el mayor logro exhibido por el gobierno, que no dice, sin embargo, que la gran mayoría de esas tierras están hoy improductivas, desoladas y en peores condiciones que antes del “rescate”, procedente en muchos casos de confiscaciones arbitrarias y sin basamento legal. La soberanía alimentaria no existe con este gobierno y, contrario a las deseosas declaraciones del Presidente, bajo este esquema será imposible convertirnos en potencia agroalimentaria.

La primera acción del gobierno de Unidad Nacional será la emisión de un nítido y coherente mensaje dirigido al sector privado productor y a los consumidores para restablecer la confianza. En ese sentido se llevarán a cabo reformas legales y se aplicarán políticas destinadas a garantizar los derechos de propiedad y las libertades económicas consagradas en la Constitución.  Asimismo, se procederá a revisar y corregir las medidas ilegales y los abusos administrativos que determinaron la adquisición ilícita de empresas, tierras y otros bienes en la última década.

El gobierno de Unidad Nacional concertará con las distintas organizaciones de productores, agroindustriales, transportistas, proveedores de insumos y puntos de venta, una nueva política agroalimentaria ajustada a la Constitución, con una visión moderna e integrada de los sistemas agroalimentarios.  En el diseño y ejecución de esa política agroalimentaria se garantizará la participación efectiva de las Gobernaciones y Alcaldías.

Se tomarán las medidas necesarias, de manera gradual, para desmontar la maraña de permisos, requisitos administrativos y demás obstáculos que entorpecen la producción, el transporte, procesamiento e importación de alimentos, forrajes, equipos, insumos y materias primas, con la finalidad de elevar la competitividad y crear transparencia en las relaciones y transacciones entre y con el sector privado. Estas medidas colocarán en salvaguarda los intereses de los consumidores y evitarán situaciones de desabastecimiento.  Se promoverá la agricultura sustentable para garantizar la seguridad alimentaria privilegiando la producción agropecuaria interna.

Se creará una Comisión Agroalimentaria Nacional de alto nivel con participación de las principales organizaciones gremiales, los despachos públicos vinculados al tema y las gobernaciones de las entidades federales.  Esta Comisión deberá asesorar al ministro del área sobre las medidas requeridas durante la transacción de un sistema administrado de precios al consumidor hacia el equilibrio de los mismos bajo principios de mayor libertad económica.

Será una política general de Estado tomar medidas para incrementar la seguridad jurídica y personal en el ámbito rural. Se actuará con firmeza para impedir invasiones, abigeato, secuestros, robo de equipos, así como para garantizar la seguridad para el transporte de alimentos e insumos.  A la vez se tomarán las medidas para mejorar los servicios portuarios, eliminar la corrupción y garantizar el flujo oportuno y ajustado a la logística de los usuarios para evitar la pérdida de alimentos, su deterioro y reducir simultáneamente los costos de internamiento.

Se efectuarán cambios significativos y se realizaran inversiones cuantiosas para revertir el gran deterioro causado al sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en la última década, así como a las empresas que contribuían efectivamente a la transferencia de conocimientos.

Con carácter perentorio, se deberán negociar acuerdos básicos en cada una de las cadenas o circuitos agroalimentarios del país.  Para ello, al amparo de una Comisión Nacional Agroalimentaria, serán creados grupos de trabajo en torno a los productos de mayor consumo, valor o tonelaje producido.

Se mejorará significativamente la vialidad rural iniciando el asfaltado de los 23.000 km requeridos y optimizando las condiciones de transitabilidad de otros 40.000 km.  Asimismo, se incorporarán cambios para mejorar el sistema de distribución de alimentos, así como la calidad de los mismos y programas dirigidos a los sectores más vulnerables de la población.

Se reestructurará el ente rector captando los mejores recursos humanos disponibles, fijando con precisión la misión técnica y de desarrollo de políticas públicas de los servicios centralizados, institutos autónomos y organismos de control.

Se presentará ante la Asamblea Nacional propuestas para la firme titulación de las tierras, otorgándole prioridad a la pequeña y mediana propiedad y procurando soluciones modernas y legales, para abordar el tema de las grandes propiedades cuando esto sea necesario.  Además, propondremos cambios racionales con respecto al crédito y seguro agrícola.

De común acuerdo con las gobernaciones, alcaldías, universidades, organismos gremiales, productores y ministerios responsables por la salud, educación e infraestructura, elaboraremos un proyecto para elevar la calidad de vida en el medio rural.
Se diseñará y ejecutará un programa de incentivos para incrementar las inversiones en el medio rural para elevar la producción y la productividad.  Del mismo modo, se realizarán el catastro nacional de tierras rurales, titulación firme de los predios en producción y medidas para garantizar la protección de la biodiversidad, las aguas y bosques.

El gobierno de Unidad Nacional propondrá un programa, a diez años, de cambio de rubro en aquellas zonas y cultivos donde sea necesario de acuerdo con información científica verificable, factibilidad económica y capacitación de los productores.
Se deben cumplir acciones específicas en la descentralización en los principales estados agrícolas como Portuguesa, Guárico, Zulia, Barinas, Lara y los estados andinos.  Entre ellos: la creación de unidades de capacitación y transferencia de tecnología concertadas entre las gobernaciones, alcaldías y universidades de esos estados; proyectos para mejorar la infraestructura vial, de riego, las escuelas rurales y desarrollo de otras actividades de apoyo a la producción y; proyectos alimentarios de importancia social.
Se creará la red nacional de apoyo tecnológico y capacitación, así como el desarrollo de un sistema de provisión de semillas certificadas, vacunas, insumos, equipos y maquinaria adecuada.  Utilización de plantas y animales genéticamente modificados bajo estricta supervisión de una Comisión Nacional de Bioseguridad.

Se garantizará que el desarrollo agroalimentario se efectúe en concordancia con las políticas nacionales e internacionales dirigidas a la preservación de los sistemas de vida, la diversidad biológica, la conservación de los suelos, de los parques nacionales y otras áreas protegidas del país.

Finalmente, se colocarán mayores responsabilidades técnicas, educativas y organizativas en los gremios de productores, así como inducir el desarrollo de programas de responsabilidad social en los mismos, en la agroindustria y en la red de distribución.

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