Sobre la Gran Misión Saber y Trabajo Venezuela

El empleo es uno de los temas que más preocupa a los venezolanos. A pesar de que la Constitución establece el derecho al trabajo como un valor superior y protegido por el Estado, el gobierno nacional ha fallado en procurar una política de empleos que garantice a los ciudadanos trabajo  productivo y de calidad.

Doce años de gobierno han dejado a casi la mitad de la población en la economía informal.  En ese período Venezuela ha visto  cómo han sido expropiadas más de mil empresas y cómo otras miles han desaparecido,  ahuyentadas ante la desconfianza o simplemente quebradas ante el  terrible panorama económico. Hoy, casi la totalidad de las empresas expropiadas son improductivas y han dejado a sus trabajadores a la buena de Dios. Esto incide directamente en la oferta laboral y crea un mercado en el que los trabajos son escasos y precarios.

Las mujeres y los jóvenes constituyen la población especialmente vulnerable en este tema. Los jóvenes se ven prácticamente imposibilitados de acceder a un trabajo decente. En cuanto a las mujeres, se estima que hay más de 5 millones formando parte de la población económicamente inactiva. Sin duda esto tiene relación con la alarmante tasa de embarazo adolescente en el país, que ronda el 21%, y con las cientos de miles de jóvenes que desertaron del sistema educativo formal el año pasado.

En los últimos años se ha acentuado la vulnerabilidad de la economía al darse un uso arbitrario y poco transparente a los crecientes ingresos petroleros.  Como consecuencia, el mercado laboral se encuentra en una situación difícil.  La población inactiva creció en más de 1,4 millones desde 2004, lo que se traduce en una descarga de la presión sobre el mercado laboral para generar nuevos empleos. En contraste, los jóvenes que ingresan al mercado laboral son los que tienen mayores dificultades para encontrar trabajo. La desocupación juvenil es el doble del promedio nacional. Cuando se trata de los sectores menos favorecidos económicamente, la desocupación es muy alta, casi 20% para los pobres extremos y 10% para los pobres no extremos.

La distribución del empleo habla de una economía básicamente terciaria, concentrada en sectores de baja productividad y de una dinámica poco eficiente para el recurso humano. En consecuencia, la mitad del empleo generado no es de calidad y por lo tanto deja de ser un medio para superar la pobreza. Aproximadamente 7,3 millones de trabajadores se encuentran en condición de precariedad. 21% de los ocupados no cuenta con ningún beneficio laboral. Más del 40% tienen un ingreso igual o inferior al salario mínimo. El país está desaprovechando el potencial que implica el llamado “bono demográfico”.

El gobierno ha fracasado en su política de empleos y no ha tenido voluntad para encarar el problema. Pretende solventar la angustia de los venezolanos a través del aumento del gasto público, pero esto no se traduce en empleo productivo para los ciudadanos. Ha  sobrecargado  las nóminas de los organismos estatales, pero las cifras demuestran que es el sector público el que exhibe empleos de menor calidad, salarios más bajos y mayor precariedad.

En vez de diversificar la economía para generar nuevos empleos, el gobierno depende cada vez más del petróleo y se  empeña en su modelo monoproductor. A la par, expropia cada vez más empresas y castiga la productividad, viendo a las empresas como enemigos y ahogándolas en consecuencia.

Un gobierno que se dice socialista niega a los trabajadores sus contratos colectivos, a menos que sean en sus absolutos términos. Un gobierno que se dice de los trabajadores persigue a los dirigentes sindicales que osan disentir y los somete a causas judiciales sin ton ni son. Es este el gobierno que pretende colocar lo político por encima de las reivindicaciones sindicales de los trabajadores venezolanos. El mismo gobierno que niega y ha negado sistemáticamente la deuda constitucional de una nueva legislación para el trabajo y el Seguro Social, y que hoy pretende apurarla de manera inconsulta para imponer un proyecto político.

Gran Misión Saber y Trabajo

En el año 13 de gobierno, ante una panorámica como la descrita anteriormente, el Presidente de la República anunció la creación de una nueva “Misión” social, llamada Gran Misión Saber y Trabajo Venezuela. Enmarcada en una dinámica electorera, la iniciativa aspira a reducir la tasa de desempleo y erradicar la pobreza extrema. A un año de las elecciones presidenciales, la administración actual se percató, finalmente, del profundo drama del empleo y de la necesidad de brindar soluciones a los venezolanos.

A través del endeudamiento adicional se aprobaron 10 millardos de bolívares para la nueva misión. El presidente Hugo Chávez indicó que la Gran Misión Saber y Trabajo Venezuela se propone la creación de 2 millones 800 mil nuevos puestos de trabajo productivo y de calidad para el año 2019.

Sin embargo, resulta clara la verdadera naturaleza de esta misión al revisar las declaraciones de los personeros del gobierno. La ministra de educación, Maryann Hanson, ha dicho que el objetivo primordial de la GMSyT es “inculcar la ética socialista”. De hecho, la misión arrancó con un componente de formación “ético-político” para la transición al socialismo. A cada “beneficiario” se le otorga una beca por estudio y trabajo de Bs.1.000 y se les exige exclusividad.

A todas luces, pues, la Gran Misión Saber y Trabajo Venezuela resulta un contrabando ideologizante y un terrible chantaje que condiciona el empleo y la formación laboral a lealtades políticas. Tras nueve intentos fallidos de políticas en materia de empleo y la desfiguración hasta la destrucción de instituciones sólidas como el INCE, ahora INCES, la prioridad del gobierno se encuentra, no en la capacitación laboral ni en garantizar empleo digno para los venezolanos, sino en continuar imponiendo su ideología particular a los venezolanos más necesitados.

El próximo gobierno de Unidad Nacional asegurará un cambio de rumbo para Venezuela. Es indispensable tomar decididamente y en forma gradual un camino que se diferencie claramente del estatismo y del rentismo desbordado, mal llamado también “socialismo del siglo XXI” que caracterizan la actual administración.

Se plantea el diseño y consolidación de un Sistema de Protección Social y Empleo (SPSE) que incorpore un conjunto integrado de respuestas dirigidas a mejorar las capacidades de las familias para salir de la pobreza o enfrentar otro tipo de vulnerabilidades que pueden devenir en situaciones de pobreza. A tal efecto, se implementarán programas o servicios de apoyo al empleo: capacitación y formación laboral, nivelación de estudios, generación directa e indirecta de empleo, micro-emprendimientos y servicios de intermediación que facilitan la comunicación entre la oferta y la demanda como son las oficinas de empleo o las bolsas de trabajo, entre otros. Todo esto bajo un concepto amplio e incluyente, sin exclusión por motivos políticos ni de otra índole.

En el ámbito educativo no-formal se propone relanzar el programa “Cada empresa una escuela”, vinculando las necesidades formativas de los trabajadores, los programas de capacitación del INCES y la educación media profesional, para formar personal técnico especializado en el área de trabajo. Asimismo, se fortalecerá y mejorará la calidad de los programas sociales, llamados “misiones” por el actual gobierno.

Se lanzará el “programa trabajo” para capacitar y dar trabajo a jóvenes y adultos desempleados que carecen de un oficio e insertarlos al mercado laboral en las áreas productivas consideradas clave para el desarrollo del país y el bienestar de la población. El gobierno de Unidad Nacional se plantea rescatar, reestructurar y fortalecer el INCES como mecanismo de diálogo social entre trabajadores, empresarios y gobierno con el objetivo de desarrollar y concretar acciones que conduzcan al fomento de la justicia social en la esfera del trabajo. De igual manera se promoverá la construcción del sistema nacional de acreditación de experiencias y aprendizaje para la certificación de media diversificada. El trabajar con el modelo de competencias laborales y académicas ayudará a ofrecer un puente entre educación no formal y educación formal, adaptar las experiencias de aprendizaje a las necesidades de los usuarios y flexibilizar los espacios, horarios y ritmos de trabajo.

Se proponen pasos necesarios para avanzar en una nueva dirección, que permita generar nuevas empresas y empleos productivos. Promover la creación de empleo y el crecimiento de la actividad productiva. El gobierno de la Unidad Nacional hará todo su esfuerzo para aprovechar el período en el cual la población en edad de trabajar es la que tiene mayor peso o importancia con relación a la población dependiente (jóvenes y adultos mayores), también denominado “bono demográfico”.  Esta coyuntura se prolongará hasta mediados de siglo y será tomada muy en cuenta por el gobierno de Unidad Nacional debido a las implicaciones que tiene para el desarrollo y el bienestar del país. Se trata del momento justo para maximizar el potencial productivo gracias al crecimiento relativo de la oferta potencial de mano de obra con respecto a los requerimientos de inversión de los jóvenes y adultos mayores.

El gobierno de Unidad Nacional focalizará los incentivos; formará empleados públicos capacitados en funciones comerciales; mantendrá programas de capacitación y entrenamiento para el trabajo productivo con énfasis en la población joven y promoverá la generación de empleos. Producir bienes exportables con alto contenido nacional puede contribuir a diversificar la base productiva del país y reducir la dependencia del petróleo.

Una importante proporción del empleo es generado en la producción de bienes y servicios no transables. El gobierno puede contribuir directamente a su generación contratando trabajadores para ejecutar sus planes de construcción y para prestar los servicios sociales a su cargo, así como empleando prudentemente las compras del Estado para estimular la producción nacional. Igualmente, puede promover la participación privada (regulada por el Estado) en la provisión de bienes y servicios de primera necesidad, como los requeridos para proveer salud y educación.

Ningún esfuerzo bastará para crear y mantener empleos de calidad si el nuevo gobierno no se compromete con la progresiva reducción de la inflación y la diversificación de las oportunidades de inversión en el país, en un ambiente donde se respeten derechos de propiedad prudentemente regulados. También se deberá revisar y flexibilizar el marco jurídico e institucional que afecta la creación de empresas y su productividad, eliminando los obstáculos para la creación de empresas y los excesos normativos para su funcionamiento.

El gobierno de Unidad Nacional dará especial atención a los grupos vulnerables desde la perspectiva del mercado laboral, específicamente los jóvenes y las mujeres en condiciones de menor capacitación y experiencia.  A tal efecto se implementarán programas de capacitación e inserción laboral, así como de promoción del emprendimiento.

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