Como en botica: 2012, la transición política en Venezuela

José Mendoza Angulo

 

En el mes de noviembre del año pasado recibí, vía electrónica, del profesor Luis Caraballo Vivas, un interesante artículo publicado ese mismo mes, titulado “El futuro de Venezuela ya no pasa por Hugo Chávez”, y escrito por Rut Diamint y Laura Tedesco. Luis le puso a su correo como “asunto” “tema militar” y sugirió una discusión sobre su contenido, el cual, en fin de cuentas, se concretaba a plantear la perspectiva de una transición política en Venezuela. Como muchos de ustedes saben, en el último de los tres libros que escribí sobre Chávez y su régimen titulado Chávez el supremo, dediqué la tercera parte a una aproximación al tema de la transición. Y hace alrededor de dos años, aquí en “La Tertulia de los Martes” (**), fui ponente de una discusión sobre el tema. Le contesté a Luis que promoviéramos, para después de las elecciones primarias de las fuerzas democráticas y en este mismo espacio, un ciclo consagrado al asunto y le propuse que él mismo lo organizara. La exposición de hoy inicia ese ciclo.

El ejercicio que vamos a intentar pudiera ser calificado por algunos como una pedantería. Sin embargo, tenemos suficiente sentido de las proporciones  como para caer, a estas alturas de nuestra vida en la tentación de la inmodestia. A pesar de la muy larga relación de intentos hechos, a lo largo de la historia humana, para predecir el futuro, la conclusión a la que se ha llegado es que el futuro se puede adivinar o soñar pero no predecir o analizar cómo se hace con el pasado o el presente. En el dominio de la actividad y de la reflexión políticas, lo más lejos que se puede llegar, a partir del conocimiento de los hechos históricos  es a construir hipótesis de trabajo de las que después, por cierto, hay que andar detrás, como un sabueso, para acoplarlas a los cambios sociales sobre los cuales los hombres, aún siendo promotores, apenas tienen un dominio precario.

Vamos, pues, a hablar de la transición política en Venezuela. Y apresurémonos a decir de una vez que lo más que podemos adelantar en este momento es que las transiciones (políticas, económicas, sociales, militares, etc.) son hechos que forman parte de la dinámica de las colectividades humanas. Incluso, se puede agregar que lo que escapa al análisis de la mente humana, o se le hace escurridizo, es la posibilidad de caracterizar con rigor una transición por venir, aún cuando es posible ensayar, hasta cierto punto, la construcción intelectual de los límites o linderos del desarrollo que deseamos. El camino que vamos a seguir es el siguiente. Primero, haremos una presentación de la formulación de Rut Diamint y Laura Tedesco y, luego, procederemos a su examen a partir de  estas cuatro preguntas: ¿Es razonable y pertinente hablar de transición política en Venezuela en 2012?, ¿Qué se puede aprender de la historia sobre las transiciones?, ¿Han escogido las fuerzas democráticas venezolanas un rumbo para la transición? Y ¿Será la Fuerza Armada Nacional la clave del porvenir político inmediato de Venezuela?

 

1.    La formulación de Rut Diamint y Laura Tedesco.

Rut Diamint y Laura Tedesco, las autoras del artículo que ha dado pie a esta discusión, son dos intelectuales argentinas, directoras del proyecto “Liderazgo, renovación y prácticas políticas en América Latina” del FRIDE. Ellas vinieron a Caracas en octubre del año pasado, observaron nuestra realidad política, sostuvieron un conjunto de entrevistas con líderes políticos venezolanos y luego procedieron a redactar y publicar el artículo base de esta disertación.

Las autoras proponen, para la coyuntura política de Venezuela de 2012, tres hipótesis principales:

Primera: “la enfermedad del presidente Hugo Chávez le ha dado mucho vuelo a la idea de una transición política”.

Segunda: “ni Chávez ni la Mesa (de la Unidad Democrática) pueden determinar el futuro político de Venezuela”-

Tercera: “En los tiempos post-chavistas será crucial el papel de las Fuerzas Armadas y la transición hacia una democracia liberal, al socialismo o a una dictadura, dependen mucho más de los militares que de Chávez o de los políticos de la oposición”.

La primera hipótesis parece indicar que las autoras consideran que la razón de vislumbrarse una transición en Venezuela está vinculada al hecho del mal estado de salud del Presidente, y la tercera, que el cruce de caminos  de la transición, bajo las condiciones creadas durante el régimen de Chávez, impone a las fuerzas armadas como el árbitro del destino político inmediato del país. Más adelante  examinaremos el grado de certeza de estas hipótesis.

A renglón seguido abordan las autoras lo que consideran  certezas e incertidumbres de la situación política venezolana y concluyen enumerando lo que a su juicio serán los grandes temas de la transición. Entre las certezas señalan, que habrá elecciones presidenciales el 7 de octubre de 2012; que la oposición va a participar en esas elecciones, que el Presidente de la República y candidato oficialista a la reelección está enfermo; que la enfermedad le ha restado protagonismo; que, en trece años, por una parte, Chávez nunca ha dejado de ser militar y, por otra, ha establecido una FAN autónoma, disciplinada y la ha convertido en actor preponderante y crucial de la revolución bolivariana, y que los sectores civiles afectos al gobierno, algunos de ellos con armas, tienen mucho que perder en un gobierno de la oposición. En cuanto a las incertidumbres colocan a la unidad de la oposición; la unidad del chavismo; el papel de la FAN; la capacidad de Chávez para darse cuenta y aceptar los límites que le ha establecido su enfermedad. Y pueden considerarse parte de las incertidumbres algunas de las preguntas que las autoras se formulan, identificadas bajo los siguientes registros: ¿Dejará Chávez un sucesor en caso de tomar consciencia del posible desenlace de su enfermedad? ¿Se mantendrá la unidad de la oposición en caso de la desaparición física o política de Chávez? ¿Se mantendrá la unidad o se fragmentará el chavismo en la hipótesis anterior? ¿Habrá unidad en la FAN o habrá conflictos  de intereses entre sus componentes? ¿Qué hacer con los oficiales acusados o sospechosos de corrupción o de vinculación con el narcotráfico? ¿Qué hacer con los oficiales que, siendo activos, han abrazado y se mantienen fieles a la retórica chavista? ¿Qué tipo de político se requiere para asegurar la transición?, En una transición ¿se podrá evitar la fragmentación de los actores políticos cruciales (oposición, chavismo y fuerza armada)?

Finalmente, Rut Diamint y Laura Tedesco consideran que los grandes temas de la transición serían el asistencialismo de las misiones; la violencia urbana; el tráfico de armas en los barrios más pobres de Caracas; la crisis energética en el interior del país; la educación; la política exterior (acuerdos internacionales, Petrocaribe, relaciones con Cuba, la ALBA, Irán, Rusia, China); los nudos que relacionan a sectores económicos y militares con las rentas del Estado, y el poder y el uso político de las fuerzas armadas. Siendo las mencionadas en primero y último lugar las claves para aproximarse a las posibilidades de éxito de la transición.

Parece oportuno señalar que la lectura del artículo de Rut Diamint y Laura Tedesco en este momento requiere advertir que su elaboración tuvo lugar meses antes de la celebración de las elecciones primarias por parte de las fuerzas democráticas de Venezuela y que, por lo tanto, algunas de las dudas que expresan y puntos de vista que sustentan, por ejemplo en relación con la unidad, no pueden ser vistas hoy con los mismos cartabones de octubre de 2011.

 

2.    ¿Es razonable y pertinente hablar de transición política en Venezuela en 2012?

Esta primera interrogante tiene dos propósitos. Por una parte, llamar  la atención acerca de que luce exagerado por parte de Rut Diamint y Laura Tedesco proponer la hipótesis de una transición política en Venezuela vinculada al hecho de la enfermedad que padece el Presidente de la República. Por otra parte, afirmar que, sin negar los efectos en la opinión pública de los contratiempos de salud del primer mandatario nacional, en el año 2012 confluyen un conjunto de circunstancias políticas, sociales, legales, económicas y administrativas capaces de crear las condiciones para un cambio de régimen en Venezuela aún en el supuesto de que el líder de la “revolución bolivariana” se encontrara en plenitud de forma. Examinemos algunas de esas circunstancias.

Lo primero que se debe precisar es que en febrero de 2013 concluye el mandato constitucional del Presidente Chávez y que, por lo tanto, existe la obligación legal de convocar en 2012 comicios para elegir un Presidente. Aún cuando la convocatoria no ha sido publicada en Gaceta Oficial para el momento en que escribimos estos comentarios, el Consejo Nacional Electoral ha anunciado el 7 de octubre de 2012 como fecha de la elección presidencial y tanto el gobierno como la oposición han aceptado esa determinación, no sin reparos de esta última por el exagerado margen de tiempo existente entre el momento de la elección y el del inicio del nuevo período constitucional. Ahora bien, una elección presidencial (la cuarta en este caso) celebrada casi catorce años después de haberse iniciado el gobierno de Chávez, tiene altas posibilidades de culminar, como lo veremos de seguidas, con el triunfo de las fuerzas democráticas.

Examinemos porqué.

A diferencia de lo que ocurrió en las tres confrontaciones presidenciales previas y en las elecciones o consultas referendarias celebradas a lo largo de los trece años de vigencia del régimen chavista, después de la consulta primaria convocada por las fuerzas democráticas para escoger el candidato presidencial de la oposición a las elecciones del 7 de octubre de 2012, hoy puede decirse que existe un liderazgo definido y reconocido frente a Chávez, que ese liderazgo está encarnado en Henrique Capriles Radonsky quien, además, cuenta con un programa de acción suscrito unitariamente el 23 de enero de 2012. Este es un hecho novedoso que no se dio en ningún momento anterior o posterior al colapso de los partidos políticos en Venezuela ocurrido en 1998. A los distintos eventos electorales celebrados, sobre todo los presidenciales, la oposición concurrió con abanderados fruto de acuerdos de ocasión tomados por las organizaciones partidistas, pero no con un líder escogido democráticamente, ocho meses antes del evento electoral, por tres millones de venezolanos. Más o menos lo mismo puede afirmarse de una propuesta alternativa frente al discurso y las políticas puestas en práctica en los últimos trece años por el gobierno. Se escribieron ideas y se redactaron proposiciones pero ninguno de ellas logró alcanzar el reconocimiento que han recibido los “Lineamientos del programa de gobierno de unidad nacional (2013-2019)”, paciente trabajo de un equipo de técnicos y especialistas que hoy tiene el aval de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Lo mismo puede decirse de la unidad de las fuerzas democráticas. En el pasado hubo entendimientos entre partidos, sostenidos en medio de ásperas confrontaciones, que se agotaban con más pena que gloria al apenas terminar los procesos electorales. La unidad se convirtió en una necesidad política sentida por parte de los demócratas venezolanos, un verdadero anhelo nacional reclamado por la sociedad a los partidos. Sin que hoy pueda decirse que todo es miel sobre hojuelas, la sensación que ha quedado entre los venezolanos después de las primarias del 12 de febrero y de un paciente trabajo de construcción de casi tres años al frente del cual ha estado un compatriota de excepción como Ramón Guillermo Aveledo, muy pocos tienen duda, ni siquiera en el gobierno, que en este momento existe un sólido entendimiento unitario que va más allá de la mera coincidencia electoral. La unidad de las fuerzas democráticas del país tiene en nuestro tiempo la fuerza de un acuerdo político que trasciende el hecho electoral.

Existe, además, en la coyuntura nacional, una orientación y una fuerza de las tendencias político-electorales que presionan a favor de una transición. Por una parte, la diferencia electoral gobierno-oposición, que sistemáticamente fue favorable al gobierno, se ha ido borrando en el transcurso de los trece años de gobierno chavista. De las últimas cuatro elecciones, el gobierno ha ganado dos, y la última, consagrada a la renovación de la Asamblea Nacional, a pesar de las triquiñuelas que le aseguraron a Chávez la mayoría del Poder Legislativo, en cuanto al número de votos fue ganada por la oposición. Por otra parte, se ha instalado en el país un estado de conflictividad social que ha ido erosionando la periferia electoral chavista, que hoy en día afecta, incluso, al mundo militar y que revela un desgaste inocultable de la confianza que importantes sectores de nuestra sociedad le otorgaron al gobierno y a Chávez. Finalmente, y en este mismo orden de ideas, debe señalarse que la exitosa realización de las primarias del 12 de febrero han dejado  tres resultados que harán sentir su influencia en la coyuntura de este año: un muy buen estado de ánimo entre los integrantes de las fuerzas políticas democráticas y en la población en general; un muy mal estado de ánimo en el seno del gobierno, puesto de manifiesto en los destemplados comentarios del Presidente de la República y en decisiones como la frustrada resolución del Tribunal Supremo de Justicia intentando doblarle la mano a la Junta Electoral de las primarias para que entregaran la lista de sufragantes en las primarias, y el ensayo organizativo opositor de haber montado para las primarias un padrón electoral que será de una invalorable utilidad a la hora de cuidar y defender los votos democráticos el 7 de octubre.

Por supuesto, a todo esto se agrega la enfermedad del presidente-candidato pero la eventualidad de una transición no está ligada en exclusividad a este hecho. Por cierto, en el país y en el exterior se ha especulado mucho en torno al asunto. Por parte del Presidente y del gobierno se ha intentado manipular política y electoralmente la desventura que afecta su salud, y de parte de sectores de la oposición y del país, ante la falta de información confiable, muchos se han dejado ganar por la ilusión o el desengaño de lo que puede ser el desenlace de la enfermedad induciendo una desmovilización del espíritu de lucha. El dato, hoy, no se puede dejar de valorar pero desde mucho antes de que se conociera la grave enfermedad que afecta a Chávez, en medio de contradicciones y frustraciones las fuerzas democráticas buscaban y encontraron el camino que debe conducir al restablecimiento pleno de la democracia en Venezuela.

 

3.    ¿Qué se puede aprender de la historia sobre las transiciones?

Si “transición política, en términos generales, es todo período de cambio entre dos situaciones políticas estables” o, para ser todavía más precisos, “períodos de duración indeterminada, generalmente breves –salvo excepciones- que marcan el paso de un gobierno a otro o de una forma de gobierno a otra”, el año 2012 reúne las condiciones para ser el escenario de una transición política en Venezuela. Conviene, por tanto, abrir un paréntesis en el desarrollo que hacemos y mirar, así sea a vuelo de pájaro, hacia atrás para que ver que podemos aprender de lo que otras sociedades han vivido.

La historia registra una gran riqueza de transiciones políticas y la Ciencia Política se ha encargado de ordenarlas, caracterizarlas, clasificarlas y disponerlas para que cumplan el cometido de ser una fuente de información útil. De la manera más general podemos decir que hay transiciones al autoritarismo y a la democracia; que hay transiciones mayores y menores; transiciones pacíficas y transiciones violentas; transiciones ordinarias y extraordinarias; transiciones pactadas y no pactadas. Ahora bien, como hay un consenso no solo entre los analistas y críticos venezolanos sino a escala internacional en el sentido de que desde hace trece años se ha establecido en nuestro país no otro gobierno sino un régimen y que, además, ese régimen es autoritario, conviene detenerse un poco más en el examen de las transiciones políticas desde el autoritarismo hacia las democracias.

Narcís Serra, catalán de Barcelona, doctor en economía que fue Ministro  de la Defensa de España durante nueve años en los gobiernos socialistas que presidió Felipe González, que en la actualidad preside el Centro de Investigación y Documentación de Barcelona (CIDOB) y el Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales, escribió en 2008 un libro que hoy se considera un clásico en la materia. Además de llamar la atención acerca de que las transiciones políticas no constituyen una concatenación lineal de eventos políticos sino que ellas presentan, por lo general, tres fases diferenciadas en su desarrollo (una fase preparatoria, una fase de decisión y una fase de habituación), llama la atención sobre el hecho de que las transiciones de los regímenes autoritarios pueden ser distintas según se trate de regímenes militares, de regímenes presidencialistas o de regímenes de partido único. De acuerdo con esta clasificación, que toma más en cuenta factores estructurales que coyunturales, de resolvernos a buscar en ella alguna fuente de ilustración para el caso venezolano, deberíamos evaluar y caracterizar el régimen existente en la actualidad en nuestro país. Bástenos decir por el momento y sobre el particular dos cosas. La primera, que de plano deberíamos descartar el tercer tipo pues, obviamente, en Venezuela no hay un régimen autoritario de partido único. Lo segundo, que Narcís Serra entiende por régimen militar un tipo de gobierno no solamente dirigido por militares sino un gobierno donde, además, las grandes decisiones se toman colectivamente por la instancia que dirige  la institución militar. Esto no excluye la existencia del líder militar individualizado pero de algún modo morigera los límites de su poder. En este sentido, regímenes militares fueron el de España bajo Francisco Franco, el de Chile con Augusto Pinochet, el venezolano presidido por Marcos Pérez Jiménez y las dictaduras miliares de fines de siglo XX en Argentina, Brasil y Uruguay.

Pensando más en la forma que adopta la transición, que también podríamos presentar como el dominio de factores coyunturales, Share y Scott Mainwaring  hablan de tres tipos de transición a la democracia desde el autoritarismo. La transición por colapso, y citan los casos de Alemania e Italia en 1945; los de Grecia y Portugal en 1974, y el de Argentina  en 1982-83. La transición por autoexclusión, en la cual ponen como ejemplos la del Perú de 1980 y la de Uruguay de 1982-83. Y la transición por transacción, en la que dan de ejemplo la España que sigue a la muerte de Francisco Franco. Pensando en nuestra historia podríamos decir que la transición desde el gomecismo se facilitó por un proceso de autoexclusión (del general Eleazar López Contreras) y desde el perezjimenismo por colapso. Ahora bien, ¿cuál es la caracterización y sistematización hecha por Share y Mainwaring para cada uno de los tipos de transición estudiados por ellos?. A este respecto afirman que en las transiciones por colapso, provocadas, por ejemplo, por una derrota militar externa o por una profunda crisis interna que desacredita totalmente al régimen autoritario, las autoridades salientes pierden toda capacidad de negociación y, con frecuencia, son juzgados y condenados por su actuación. En las transiciones por autoexclusión, la élite autoritaria intenta poner límites y controlar el proceso de transición, no obstante la grave erosión del terreno sobre el cual se mueve les impide lograr ese control o influencia, al menos bajo los términos inicialmente pretendidos. Por eso puede decirse que las transiciones por colapso y por autoexclusión terminan imponiéndose como una necesidad, como la necesidad de encontrar la puerta de escape a una situación que puede llegar a un callejón sin salida.

En cambio, de acuerdo con lo que enseñan algunas experiencias históricas, las transiciones por transacción implican una considerable continuidad de las estructuras de las élites y de las prácticas políticas autoritarias. En este tipo de transición, la élite autoritaria que no es sancionada ni amnistiada conserva participación en el poder en las condiciones bajo las cuales se forma el nuevo poder. Los autores que comentamos asimilan estas transiciones a una gran operación económica que termina revelando que los costos de mantenimiento del régimen autoritario aumentan mientras que los de la transición disminuyen porque se ha producido la erosión de la cohesión interna de la élite autoritaria y en esas condiciones tiende a desaparecer su justificación y se dificulta seriamente la posibilidad de su legitimación, pero queda el espacio precario para verse y presentarse a si misma como un interregno restaurador que ha llegado a su fin y convencida de su propia retórica democrática reclama, particularmente en el caso del componente militar, el regreso a su rol tradicional de garante de la soberanía, protectora del respeto  al ordenamiento legal y titular del ejercicio del monopolio de la violencia del estado. El caso antonomásico que se cita de este tipo de transición es la de Chile en el que “los gobiernos de la concertación prefirieron garantizar la gobernabilidad democrática y esperar pacientemente la muerte de Pinochet para avanzar con mucha cautela en una revisión del pasado”.

Llegado a este punto, nos parece pertinente dedicar algunos comentarios a la expresión “transacción,” no tanto en su sentido etimológico como político. Las “transacciones políticas”, y particularmente las que quedan comprendidas en las transiciones políticas, no son, necesariamente, una reproducción de la acepción etimológica que el término recibe en el diccionario de la lengua. En consecuencia, no hay que afanarse en imaginar el momento y el lugar en los que unos plenipotenciarios del régimen autoritario y otros de la oposición democrática se sientan en una mesa a discutir los términos de la transición. Esta eventualidad puede ocurrir como puede no haber ocurrido nunca, no obstante, la transacción política puede tener lugar. Los casos de España y de Chile son aleccionadores en este sentido y algunos datos que presentaremos más delante de la evolución política venezolana pueden ilustrar lo que estamos sosteniendo.

El politólogo alemán Juan J. Linz [6] clasifica los procesos de democratización en tres categorías. Ruptura, cuando la oposición toma el poder por la fuerza, sin negociar con el gobierno, como la situación que se presentó con la caída del régimen de los Somoza en Nicaragua que abrió el espacio para una perspectiva democrática que luego el sandinismo  se encargó de desviar. Reforma, caso en que el gobierno siente que el régimen es insostenible y se abre, entonces, pura y simplemente, a los cambios. Y ruptforma, expresión que traduce la mezcla o combinación de las dos categorías anteriores y que representa una situación en la que el gobierno autoritario siente que va perdiendo poder y la oposición la va ganando, entonces coinciden en negociar una transición. Los integrantes del gobierno saliente conservan algunos privilegios y evitan ser juzgados o perder sus bienes.

Por su parte, según el destacado politólogo norteamericano Robert Dahl, para saber cómo pasar del autoritarismo a la democracia es necesario tener presentes tres elementos. La relación entre el costo de opresión y el costo de tolerancia; el balance de poder entre el gobierno y la oposición, y la competitividad real de las elecciones permitidas por el régimen. En su opinión las cosas sucederían más o menos así: “la democratización es el resultado de incrementar el costo de opresión, al mismo tiempo que se reduce el costo de tolerancia”,…”mientras el costo de opresión sea menor al que representa la entrega del poder, el gobierno (autoritario) estará dispuesto a mantenerse…” en el momento en que los costos de opresión se disparen y el gobierno pierda el control, está perdido”. “Para que las transiciones se den hay que bajar el costo de tolerancia. La gente que está en el poder debe sentir que hay un espacio de negociación”.

 

4. ¿Han escogido las fuerzas democráticas venezolanas un rumbo para la transición?

Nos atrevemos a responder que sí. La inmensa mayoría de las genuinas fuerzas democráticas tienen hoy en día una línea estratégica definida. Para alcanzar el poder y recuperar la democracia (confieso no estar seguro si para desarrollar la democracia liberal hasta un estadio superior y diferenciado en comparación con el que se vivió entre 1958 y 1998) esa mayoría se ha puesto de acuerdo en la vía civil y civilizada de los votos. Aún moviéndose en un espacio que no se puede considerar imparcial ni confiable por la determinante influencia gubernamental sobre el árbitro electoral, las manipulaciones pseudolegales sobre los comicios y la manga ancha con la que el órgano electoral trata las maniobras y los abusos de los candidatos oficialistas, la oposición democrática ha decidido transitar la vía electoral. Esa determinación tiene la enorme ventaja táctica de concentrar los recursos, sobre todo humanos, de que se dispone,  en una sola dirección. Y esto tiene el innegable valor de hacerse en medio de unas condiciones al interior de las fuerzas democráticas que no se pueden considerar las mejores: un clima de opinión que todavía mantiene dudas y reservas sobre los partidos políticos; unas organizaciones partidistas que se han multiplicado en parte por la fragmentación de las viejas estructuras y un nuevo liderazgo que está tratando de conquistar el reconocimiento social en medio de numerosas dificultades. Esta vía democrática tiene hoy los siguientes componentes básicos: la unidad de los partidos políticos opositores; el voto como procedimiento natural para la reconquista del poder; el aliento a la lucha social que ha movilizado de nuevo a los más variados sectores de nuestra sociedad ante la persistencia de viejos problemas, el agravamiento de otros y el surgimiento de nuevas contradicciones, básicamente provocados por la mala gestión de gobierno, la reiteración de promesas incumplidas y un estilo de dirección política que ha crispado hasta el extremo el desenvolvimiento de nuestra sociedad. Son componentes importantes de esa orientación en la actualidad la emergencia de un nuevo liderazgo en el país, una nueva generación de venezolanos que ha recibido el aval de la sociedad y que además tiene, como ya lo mencionamos, la guía de un programa de acción.

La adopción de la vía democrática para la reconstrucción de nuestro sistema político ha sido el fruto de un largo proceso en el que reconocemos  tres hechos claves:

a)    La evaluación crítica de los errores cometidos, entre los que debemos mencionar, por lo menos, los más gruesos. Haber apelado en el año 2000, como candidato presidencial de la oposición, para enfrentar al militar-presidente, a otro de los militares que junto con el primer mandatario protagonizó el intento de golpe de estado del 4 de febrero de 1992, fue más un imperdonable error producto de la desesperación, de la pérdida de rumbo y del sentido de las proporciones del liderazgo nacional que el amargo fruto de un análisis político equivocado. Fueron también errores de un penoso aprendizaje creer que la huelga petrolera indefinida, la apelación al golpe de estado en 2002 o el abstencionismo practicado en las elecciones legislativas de 2005 podían concluir en el cambio del cuadro político iniciado en 1999.

b)     Hoy en día puede decirse que la constitución de la República, en tanto que marco normativo fundamental del estado, es un texto que cuenta con el reconocimiento de toda la sociedad. No nació así pero, a la postre, así ha resultado. En efecto, la vigente ley fundamental de Venezuela fue el producto de la imposición de la mayoría que controló la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y que luego se impuso en el referendo ratificatorio celebrado ese mismo año. Ocho años después, en 2007, en la oportunidad de consultar al país acerca de la reforma constitucional propuesta por el Presidente de la República, las fuerzas democráticas se opusieron a la iniciativa gubernamental y al triunfar en el referendo asumieron el texto original de la Constitución sancionada en 1999.

c)    En el país existe, en medio de las mayores precariedades, el sistema de co-gobierno establecido desde 1989 como la expresión más notoria del proceso de descentralización que se inició ese año con la sanción de la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores de estado y la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Municipal que creó la figura del alcalde de municipio. Limitadas administrativa y presupuestariamente, despojadas de muchas de sus funciones, hostilizadas por Consejos Legislativos y Concejos Municipales políticamente adversos, y estigmatizadas por el discurso y el autoritarismo presidencial, sobreviven gobernaciones y alcaldías en manos de representantes de las fuerzas democráticas. Más aún, en estos últimos trece años, gobernaciones y alcaldías han cambiado de manos, desde la oposición a partidarios del gobierno y desde altos dignatarios del oficialismo a representantes de partidos políticos oposicionistas, lo que ha prefigurado mini-transiciones que son, objetivamente, una acumulación de experiencias a la hora de una transición mayor.

Más aún, podemos sostener que, en este momento, las fuerzas democráticas  venezolanas tienen una prefiguración de la transición. Los rasgos de  esa transición serán los que corresponden a una transición mayor, es decir los del paso del autoritarismo a la democracia, pacifica, efectuada de manera ordinaria y dentro del respeto de un marco institucional.

En los “lineamientos del programa de gobierno de unidad nacional (2013-2019)”, documento suscrito por los aspirantes a la candidatura de la oposición el 23 de enero pasado, están contenidas posiciones políticas y propuestas programáticas  bajo la perspectiva de ahorrarle a la sociedad venezolana los traumas de una áspera confrontación política nacional. Que eso llegue a ocurrir o no de esa manera es harina de otro costal. En todo caso, muestra una intencionalidad  de parte de las fuerzas que integran la Mesa de la Unidad Democrática  de cara al resto de la sociedad y particularmente del adversario político Para ilustrar lo que afirmamos, resumamos al extremo, como una muestra, algunos de esos puntos que están contenidos en 163 páginas y en una curiosa redacción de 1237 acápites o párrafos que contienen las medidas y recomendaciones para el nuevo gobierno:

·      “La base normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual calificamos como una Constitución Democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos”(acápite 44, p.13)

·      “La reinstitucionalización del país pasa por su reconstitucionalización, con la Constitución de 1999 como pilar fundamental de esta lucha” (acápite 37, p. 12)

·      “…lo anterior, sumado al espíritu integrador antes referido, hace aconsejable preservar los niveles de protección social que el actual gobierno haya alcanzado”(acápite 42, p. 12)

·      “El gobierno de Unidad Nacional integrará las misiones dentro de un plan coherente y articulado, que reduzca la discrecionalidad del Despacho de la Presidencia y responsabilice a los Ministerios competentes de una transparente y eficiente administración de recursos”(acápite 402, p. 59)

·      “Los consejos Comunales deben estar claramente perfilados como instancias de participación, en los términos del artículo 70 de la Constitución, deslastrados de todo sesgo ideológico partidista”(acápite 75, p. 17).

·      “Tampoco hay que descartar la posibilidad de acuerdos o simples entendimientos con sectores o individualidades, hoy partidarios del actual gobierno, que se avengan a modificaciones en torno a las cuales pudiera haber coincidencias enmarcadas en la circunstancial conveniencia común, aunque responda a ópticas diferentes”(acápite 49, p. 1).

Por lo demás, en la prefiguración de la transición está claro que se reconoce la coexistencia del nuevo gobierno democrático con poderes  controlados por el gobierno saliente como son los casos del Poder Legislativo (Asamblea Nacional), el Poder Judicial, el Poder Electoral y el llamado Poder Ciudadano. Incluso, se admite  la coexistencia del Poder Ejecutivo saliente y del entrante durante un período de entrega anormalmente extenso (cuatro meses) que, aparte de los riesgos implícitos en el hecho puede constituir una grave interferencia con la elección de los gobernadores de estado, prevista para el 16 de diciembre de 1012.

 

5.    ¿Será la Fuerza Armada Nacional la clave del porvenir político inmediato de  Venezuela?

Esta interrogante recoge la hipótesis central del punto de vista expresado por Rut Diamint y Laura Tedesco. Nosotros vamos a ofrecer  algunos elementos que nos permitan  intentar una respuesta a esta pregunta, de tal manera que se pueda distinguir hasta donde es razonable la sospecha o presunción de una eventual intervención de las fuerzas armadas en la dinámica política más próxima de Venezuela y a partir de que punto es preciso aguzar la atención para separar el grano de la paja. Vamos a valernos de algunas referencias históricas y de algunos hechos de la contemporaneidad venezolana, agrupándolos en tres bloques de datos: el que se refiere al sustrato histórico de la hipótesis; lo que tiene que ver con hechos y testimonios más recientes y sus motivaciones, y los que se desprenden de los lineamientos de la Mesa de la Unidad Democrática para la Fuerza Armada Nacional.

En cuanto tiene que ver con el contenido histórico de la hipótesis, vamos a apoyarnos en tres referencias:

a) El Bolivarianismo. Antes de la preparación de esta exposición, hemos tenido la suerte de leer la versión más reciente del libro del profesor Germán Carrera Damas El bolivarianismo-militarismo, una ideología de reemplazo,  que es la puesta al día de una preocupación que acompaña al profesor Carrera desde los años en que presentó su obra El culto a Bolívar, en 1969. En el prólogo, escrito por el mismo autor, asienta que “la continuidad conceptual que puede apreciarse en estos textos se corresponde con la permanente preocupación de su autor por el destino de la democracia en Venezuela, enfrentada ahora a una antihistórica alianza entre los remanentes del socialismo autocrático, el bolivarianismo practicado como la segunda religión de los venezolanos y el militarismo decimonónico sobreviviente”.

De acuerdo con esta perspectiva, la alianza antihistórica que una vez más se empeña en asociar  el caudillismo militar con el culto a Bolívar, puede decirse que se inició en  1833, apenas tres años después de la muerte de El Libertador, cuando el héroe de la independencia y fundador del actual estado venezolano, general José Antonio Páez, reclamó, a pesar de las diferencias que lo separaron del padre de la patria, el deber de honrar la memoria de los libertadores y, en particular, la de Bolívar. Desde entonces y hasta hoy se encuentran hitos resaltantes de esta asociación. Por ejemplo, en la oportunidad de traer los restos de Bolívar a Venezuela en 1842 bajo el gobierno del general Carlos Soublette; en la conmemoración del centenario del nacimiento de El Libertador en tiempos del general Antonio Guzmán Blanco; en la conmemoración del  centenario de la muerte de Simón Bolívar bajo el gobierno del general Juan Vicente Gómez; pasando, como dice el profesor Carrera Damas, por el general Eleazar López Contreras  quien en su gobierno “concibió, diseñó, montó, promovió y difundió personalmente el primer aparato bolivariano institucionalizado de indoctrinamiento y conducción del pueblo venezolano” y por el empeño del general Marcos Pérez Jiménez que buscaba asociar su gobierno militar con los héroes de Venezuela en sus celebraciones anuales de “la semana de la Patria”, hasta llegar al momento actual cuando, mucho antes de que apareciera el ingrediente socialista, el actual Presidente de la República y otros oficiales de rango medio de nuestras fuerzas armadas fundaron una organización conspirativa en 1982, bajo el nombre MBR-200 en una clara alusión conmemorativa del bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, hecho que tuvo lugar en 1983.

El actual gobierno ha  llevado la asociación del culto a Bolívar con el militarismo hasta unos extremos en que quedan pálidos las ejecutorias que adelantó el general López Contreras  partir de 1936. Se le cambió el nombre a la República, se modificaron los símbolos nacionales, se le ha dado el nombre de bolivariano al proceso político en curso y, prácticamente, a todos los planes e iniciativas políticas del gobierno se les ha puesto el apellido de Bolívar, al lado de la expresa la voluntad de vincular  estas iniciativas con la fuerza armada y su oficialidad que han pasado a ocupar un lugar dominante en todas las instituciones del estado. Remata Germán Carrera Damas sus reflexiones con esta aseveración: “es posible afirmar que el auge actual del bolivarianismo, como base de una ideología de reemplazo en la que se enlaza con el militarismo y, según pretenden algunos, con el marxismo-leninismo, marca la culminación de un largo proceso de utilización ideológica y política de la figura histórica y el pensamiento de Simón Bolívar en los más diversos países y escenarios, lo que ha significado también que se les ha puesto al servicio de causas muy disímiles”.

b) El militarismo. Al lado de estas referencias históricas podemos mencionar, así sea telegráficamente, hechos más recientes que podrían abonar la hipótesis acerca de la creación de condiciones como para que la fuerza armada nacional o representantes suyos continúen, en un lugar todavía mucho más visible, jugando un rol nacional dominante en la escena política del país, bajo supuestos en los que se mantendría o se profundizaría la crisis de representación por parte de las organizaciones características de la sociedad civil.

En los últimos trece años que se acaban de cumplir se ha establecido en Venezuela lo que el recordado Manuel Caballero denominó como “la peste militar” en memorable recopilación de sus escritos más polémicos, publicados entre 1992 y 2007. La “peste militar” no es otra cosa que el militarismo, suerte de enfermedad social que consigue en las filas de la oficialidad de las fuerzas armadas y en su sistema educativo los elementos y condiciones para su desarrollo y  que, dentro de ciertas circunstancias, puede propagarse hasta representantes del mundo civil cuando núcleos de la sociedad comienzan a pensar y a creer que la solución de  los problemas del país se debe poner en manos de la institución militar. Como tuvimos oportunidad de sostenerlo en el primero de los tres libros que hemos consagrado al estudio del régimen chavista, “el militarismo es una concepción del gobierno y una práctica administrativa que hace de la institución armada o de algunos connotados representantes de ella el centro de la actividad política de una sociedad organizada. La base del militarismo es la idea de que frente a situaciones de crisis (social, económica, política  o de cualquier otra naturaleza) o para la conquista de grandes objetivos nacionales, es necesario apelar al orden y a la disciplina propios de la cultura militar. La idea prende, al principio, entre componentes de las fuerzas armadas y, en no pocas coyunturas, se expande luego hasta cubrir otros ámbitos de la vida social. Cuando la convicción de la superioridad del orden y de la disciplina militar o de su necesidad en determinadas situaciones se circunscribe al ámbito estrictamente castrense, se dan las condiciones subjetivas para que se produzcan las asonadas militares, los golpes de estado y cualquiera de las otras formas de irrupción violenta de los hombres de armas sobre el poder. Cuando esa misma convicción permea a la institución militar y se proyecta y progresa fuera de ella, en el campo de la sociedad civil, el militarismo puede presentarse entonces como arraigado popularmente. Se dan, de ese modo, las condiciones objetivas para que el fenómeno vista un ropaje de legitimidad que, en su esencia y naturaleza, no tiene”. En palabras de Hugo Calello, el militarismo adquiere su más acabada expresión cuando se convierte en un “régimen político en el cual se exalta un aparato específico de estado; éste (la fuerza militar) pasa a primer plano en desmedro de los aparatos políticos, que pierden su función específica y a lo sumo quedan como aparatos auxiliares”. O para decirlo en términos de Antonio Gramsci, un intelectual del cual el Presidente de la República se siente orgulloso de citar, “una sociedad o un estado viven una experiencia militarista desde el momento en que el bloque de poder se encuentra hegemonizado por el mundo militar o por quienes actúan en su nombre y representación aún sin haber recibido de manera expresa esa comisión o ese mandato”.

José Antonio Rivas Leone En los Bordes de la Democracia, la militarización de la política venezolana, libro que presentó hace ya algún tiempo en esta “Tertulia de los Martes”, efectuó una prolija relación de las formas, procedimientos, momentos y expresiones del militarismo en Venezuela. Me permito remitir a la consulta de ese trabajo en donde constan: la lista de militares que entre 1998 y 2008 han ocupado altos cargos en la vida política venezolana; los acuerdos suscritos por Venezuela entre 2004 y 2009 para la adquisición de equipos militares, así como las distorsiones constitucionales y legales sancionadas en lo que respecta a los nuevos roles y atribuciones de la fuerza armada de Venezuela.

Aval civil de la preeminencia militar. Para completar los datos relativos a esta parte de la exposición, nos permitimos recordar que hace apenas un mes el gobierno nacional ha celebrado (en ese empeño por reescribir en forma adulterada la historia) como un acontecimiento mayor de la historia nacional los frustrados alzamientos militares que tuvieron lugar hace veinte años en Venezuela. El único valor que le reconocemos al recordatorio de esa fecha es que nos permite tomar ese período de veinte años como el marco temporal de sucesos que han colocado y mantienen a la fuerza armada y a connotados representantes suyos en el lugar destacado de la escena política nacional que hoy ostentan. Esos veinte años, en nuestra opinión, marcan el quiebre del ciclo de treinta y cuatro años que van de 1958 a 1992 durante el cual el mundo civil creyó haber establecido en Venezuela un orden democrático a la cabeza del cual brillaba, con no pocas opacidades, el poder civil y la civilidad. La valoración que hacemos de los fastos del 4 de febrero es la voluntad de presentar una conducta reñida con las leyes y con la democracia como un acto digno de reconocimiento por la sola razón de haber sido ejecutado por oficiales de la fuerza armada que hoy se encuentran en funciones de gobierno desde hace trece años. Ahora bien, ese empeño pudiera haber sido calificado como una tozudez de quienes gobiernan si a lo largo de estos cuatro lustros no se hubieran producido constantes manifestaciones democráticas de parte de la sociedad civil avalando la preeminencia militar en los asuntos del estado. Recordemos que, en 1995, quien fuera considerado como segunda figura de la sublevación militar fallida de 1992, resultó electo democráticamente gobernador del estado Zulia, reelecto en 1998 y en 2000 se convirtió en el candidato presidencial de la oposición en las megaelecciones de ese año, frente al otro militar triunfante limpiamente con el apoyo civil en las elecciones presidenciales de 1998. Y desde 1998 hasta ahora, el militar que ostenta la Presidencia de la República, descontando los actos de ventajismo en que ha incurrido, conserva un nivel de aceptación frente al cual el liderazgo civil venezolano aparece todavía disminuido. Y hasta las cercanías del 2006, una fracción importante de las fuerzas democráticas apostó a una solución militar la ruptura del militarismo gobernantes.

Lo que acaba de ser planteado en los párrafos anteriores conviene ser contrastado con hechos y testimonios referidos al mundo militar que pueden corregir la hipótesis de que en el postchavismo los venezolanos estamos poco menos que condenados  a padecer la intromisión de  los militares en la vida política del país.

Podemos compartir el criterio expresado por la abogada Rocío San Miguel, Presidenta de la Asociación Civil “Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa” en virtud del cual se sostiene que en el discurso del Presidente de la República subyace una propuesta de conducción de la Fuerza Armada Nacional que tiene como orientaciones básicas el proyecto de reforma constitucional del 2 de diciembre de 2007, la ruta de adhesión de la FAN a la conducción política del país y el cambio de paradigma constitucional de la FAN en el momento en que se den las condiciones para ello. No obstante, en muchas de las manifestaciones vinculadas a la política militar de cara a las elecciones presidenciales del venidero 7 de octubre encontramos evidencias que permiten sustentar la tesis de que lo militar puede estar siendo utilizado como parte de la política electoral de Chávez y del oficialismo, es decir como táctica electoral y como factor miedogénico, para emplear un término utilizado por nuestro invitado a “La Tertulia de los Martes”, el doctor Luis José Uzcátegui Velazco en su más reciente libro “La Miedocracia”. En efecto, el llamado por algunos como reforzamiento del sector militar en la conducción del país (la designación del Teniente Diosdado Cabello como Presidente de la Asamblea Nacional y su nombramiento como Vice-Presidente del PSUV, la creación de nuevos Ministerios y la designación al frente de ellos a oficiales de la FAN); el debilitamiento del sector civil (la salida del gabinete ministerial de Jaua, Maduro y El Aisami y del PSUV de A. Istúriz y C. Flores);  la sospechosa confusión, como la llama el general Carlos Julio Peñaloza, entre el Ministerio de la Defensa (ente administrativo) y el Comando Estratégico Operacional (ente operativo) en la persona del general Henry Rangel Silva, y la retahíla de declaraciones políticas de altos oficiales activos conforman un cuadro político que intenta más crear miedo que asfaltar el camino para una nueva hegemonía militar.

Permítasenos presentar como apoyo de nuestra conclusión anterior dos testimonios que nos merecen respeto por su seriedad y por el conocimiento que han demostrado tener de la institución militar.

Del general Francisco Usón, en el libro El enigma militar, retenemos las siguientes opiniones:

·      “Mi apreciación es que las Fuerzas Armadas son el reflejo de la sociedad de la cual provienen, y si la sociedad en pleno sufre una crisis el estamento militar lo sufre también”(p.101).

·      “…sostengo que el porcentaje de apoyo o no apoyo, a Chávez de parte de los cuadros militares profesionales, no me atrevo a hablar de las tropas, coincide con el de la sociedad, y como sería lógico pensar hay un gran número de ni-ni, quienes están a la expectativa de lo que finalmente ocurra”(p.55)

·      “Chávez ha preferido la lealtad personal a la profesionalización. Esto ha alterado el esquema de valores prevaleciente en la FAN durante mucho tiempo” (p-101).

·      “…la situación del sector militar y sus relaciones con Chávez, con la oposición y hasta con la población en general es compleja y soy de la opinión que una intervención militar, a menos que ocurra una crisis institucional profunda, es muy remota: 1º.En este momento no hay un Chávez en la FAN como en 1992; 2º, los cuadros superiores de las Fuerzas Armadas temen el vacío de poder que se crearía si Chávez desapareciera súbitamente o con motivo de una intervención unilateral por parte de ellas. Las Fuerzas Armadas están conscientes de que el vacío de poder tendrían que llenarlo ellas y los cuadros superiores están temerosos de las consecuencias que en lo personal acarrearía el uso de la violencia para reemplazar a un gobierno”(pp-55-56).

·      “El próximo Presidente superará las presiones que reciba de las Fuerzas Armadas si la transición es constitucional, si ocurriese por otra vía, atravesaríamos un período de gran inestabilidad” (p.12). Las FAN admitirían y respetarían a un civil opositor en Miraflores “si lo apoyan las leyes, el voto de las mayorías y llega al poder constitucionalmente” (p-18).

De la abogada Rocío San Miguel, retenemos de “Tal Cual” del  09/06/2011 lo siguiente: “…la propuesta que presente la alternativa de poder que pueda surgir a partir de 2012, desconocida a la fecha, que sin embargo la FAN espera con atención e impaciencia, pero que debe estar anclada a la realización constitucional y despolitización de las FAN; debe dar certitud programática a las tareas operativas a cumplir por la FAN durante cada uno de los días de esos seis años de gestión; debe privilegiar la profesionalización, la transparencia, la subordinación del poder militar al poder civil, la disciplina militar, el fortalecimiento de la doctrina de empleo para la defensa nacional y, finalmente, que no puede, no debe, ser la del regreso a los cuarteles”.

Y en su columna habitual en el diario “Tal Cual” del 23/02/2012 dice: “El mapa más claro de la FAN se encuentra dividido actualmente en tres sectores: 1) El grupo A, con personajes que nunca aceptarán una alternativa real de poder. En total, unos 300 individuos ubicados en la cúspide del poder. 2) El grupo B, que abiertamente rechaza lo que está pasando…Unos 3000. 3) Un tercer grupo, llamémosle C, la gran mayoría silenciosa distribuida a todo lo largo y ancho de la pirámide estructural de la FAN”…”Todo parece indicar que esa mayoría silente que hay en la FAN y que representa más del 80% de la institución, solo está esperando conocer en los próximos 7 meses la forma en que “el progreso” llegará a los cuarteles, especialmente en tres temas claves: bienestar social, profesionalización y operatividad. Pues al final también fueron defraudados, a un costo muy alto y por uno de sus pares”.

La respuesta de la Mesa de la Unidad Democrática a la Fuerza Armada Nacional está sintetizada en las siguientes propuestas que presentamos con el mismo número de acápite que las identifica en los “Lineamientos del programa de gobierno de unidad nacional (2013-2019)”: 

96. “Restablecer la plena vigencia del artículo 328 de la Constitución que define las funciones de la Fuerza Armada y subordina su actuación al poder civil”.

·      97 “Restablecer los conceptos de Obediencia y Lealtad institucional”.

·      98. “Reinstitucionalización basada en el rescate del mérito, el escalafón y la jerarquía, que parta de la modificación de la metodología actual de aprobación de los ascensos para que se realicen de acuerdo con lo previsto en el artículo 331 de la Constitución”.

·      99. “Reorganizar y reformular la institución castrense para que responda a amenazas multidimensionales, con componentes profesionales, altamente entrenados, dinámicos y con capacidades operativas para responder eficazmente”.

·      100. “Proponer la revisión de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación”.

·      101. “Eliminar la milicia bolivariana, como componente militar dependiente del Presidente de la República”.

·      102. “Reconducir a los integrantes que manifiesten su voluntad de seguir en servicio a los componentes de la reserva”.

·      103. “Profesionalizar la tropa. Eliminar gradualmente al soldado no profesional”.

·      104. “Adecuar los planes de defensa, planificación, entrenamiento, doctrina y empleo a las amenazas multidimensionales a la seguridad y defensa definidas por el ejecutivo en concordancia con el Consejo de Defensa de la Nación previsto en el artículo 323 de la Constitución, así como los planes de empleo de los sistemas de armas y equipos”.

·     105. “Propiciar la elaboración de un libro blanco de Defensa, conforme a los estándares establecidos por el Consejo Sudamericano de Defensa que recoja el concepto estratégico de la nación, y los planes de adquisición mediante criterios de transparencia internacional”.

·      106. “Reforzar los Teatros de Operaciones”, y

·   107. “Revisar integralmente el sistema de previsión social de la Fuerza Armada Nacional con el objeto de fortalecerlo y adecuarlo a las necesidades de los efectivos militares. Debe promoverse una Ley de Protección Social de la Familia Militar”.

 

Consideraciones finales

Estimamos que a las alturas de la dinámica política nacional en que nos encontramos, después de 13 años del llamado régimen de la “Revolución Bolivariana”, es razonable sostener que la sociedad venezolana se aproxima, en este año 2012, a una transición política.  Aun conservando el gobierno unas cotas importantes de aceptación electoral, hay indicadores inequívocos de un proceso de fatiga de la opinión nacional que permite abrigar serias dudas acerca de las posibilidades reales de su perdurabilidad futura. 

Ahora bien, en la mejor de las hipótesis que podamos plantear, la de un triunfo de las fuerzas democráticas en las elecciones del 7 de octubre venidero,  convendría tener en cuenta  las prevenciones que Lluis Bassets, periodista catalán, director adjunto de “El País” de España, hacía en artículo publicado el 23 de noviembre pasado. En su opinión, “no hay transiciones sin peligro”, “nada es gratis en la vida y no lo iban a ser también los cambios de régimen, de gobierno o de chaqueta”. “El peligro suele estar muy acotado en las transiciones más pautadas y experimentadas que son los relevos de dirección en los países de democracias más consolidadas pero que, en toda transición hay márgenes de incertidumbre inherentes a la coyuntura”.

En el caso de Venezuela uno tiene no solo el derecho sino, sobre todo, el deber de preguntarse acerca de los riesgos asociados a una transición que representa el paso de un régimen autoritario, como el que preside el Teniente Coronel Hugo Chávez, a otro democrático como el que todos aspiramos a que se establezca, y que ello ocurra mediante una vía, la del voto, que debe discurrir en medio de un conglomerado de factores sobre los cuales parece haber un dominio sumamente frágil.

Ahora bien, ¿cuáles pueden ser los riesgos o peligros de la transición venezolana? ¿Una guerra civil? ¿Una fuerte dictadura militar? ¿El regreso electoral del chavismo? ¿O habrá sido el largo período 1999-2012 el tortuoso camino de la transición hacia una democracia diferente y superior a la que existió en Venezuela, que empezaría a edificarse a partir del 2013 y que, por lo tanto vale la pena de correr todos los riesgos?

Con Germán Carrera Damas decimos que el chavismo no tiene un “líder máximo” sino un “líder único” y esto simplifica y complica al mismo tiempo las cosas. En todo caso, no parece estar demás evocar el viejo dicho chino según el cual al enemigo hay que dejarle siempre una puerta de salida, una vía de escape, porque si no luchará a muerte hasta el fin.

 

Mérida, 6 de marzo de 2012

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